Cerca de las 20.00 de ayer llegó al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, que implica más de un metro y medio de documentos y 821 artículos. Lo recibió en su despacho el presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, a poco de arribar desde China, de manos del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y de la contadora general de la Nación, Laura Remersaro. Fuera del Palacio Legislativo, gremios públicos, con predominancia de los de la enseñanza, manifestaban en reclamo del 6% del PIB para el sector (ver nota adjunta).
Astori reivindicó conocer “bien de cerca” la propuesta presupuestal y dijo que la comparte “totalmente” porque hay “una correcta definición de las prioridades”: educación, seguridad, vivienda e infraestructura, “y un manejo cuidadoso de las finanzas públicas”. El vicepresidente, que en la discusión presupuestal del gobierno anterior consideró renunciar a la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas por la presión de algunos sectores del Frente Amplio (FA) y de los gremios para destinar 4,5% del PIB a la educación pública, advirtió que para esa área en este quinquenio está prevista la misma inversión, que “es la que el país puede y debe hacer”.
De mañana, y en el marco de su audición de los martes en M24, el presidente José Mujica también habló sobre la “ley madre” de su administración. Afirmó que por segunda vez se demuestra que “no es cierto que no se puede crecer y distribuir al mismo tiempo”. “Durante mucho tiempo se pregonó que en el ritmo de una economía primero hay que crecer y luego repartir. Pero todos los hechos del gobierno anterior y esta propuesta presupuestal tienen en común esta intención política: es posible crecer y distribuir al mismo tiempo”, sostuvo.
El mandatario adelantó que habrá críticas de “tirios y de troyanos”, de los que “esperan más” y de los que “van a acusar al gobierno de derrochón, de estar gastando demasiado y no guardar para los momentos de crisis”. Pese a esto, remarcó que el presupuesto no va a ir “a menos”. “La política de la miseria y del achique lo único que ha logrado siempre es ir a menos”, cuestionó, y aclaró que tampoco apuntará “a la aventura”: “Tiene los límites que impone la sensatez”, indicó.
Abre la puerta
El análisis legislativo comenzará en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja a partir de mediados de la semana que viene, cuando el equipo económico haga la primera defensa del articulado. La comisión recibirá todas las tardes, de lunes a jueves, a las autoridades ministeriales y reservó los viernes para las organizaciones sociales. El objetivo del presidente de la comisión, Doreen Ibarra (Frente Amplio), es que se empiece a votar el proyecto el 11 de octubre y que el 15 pase a la cámara alta.
Ibarra señaló que hasta no conocer el texto “es imposible” prever dónde se aplicará el “relativo” margen de acción que tienen los parlamentarios. Sin embargo, matizó el anuncio de que no habrá mensaje complementario. “Veremos, nunca se sabe lo que puede pasar de aquí al Senado, de repente hay interés del Ejecutivo en mandar otro mensaje”, estimó el diputado oficialista.
Sobre esta posibilidad también se expidió el diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky: “Habrá que ver. Creo que la negativa a un mensaje complementario a priori apunta a aflojar la presión sobre aquellos que esperaban algún tipo de incorporación o modificación a lo planteado por el gobierno, pero en el transcurso del debate espero que esto se altere. Podría entenderse como una táctica del gobierno, pero es subestimar la posibilidad de que surjan elementos en el debate”, consideró el legislador de Vamos Uruguay. “Yo creo que el ministro [de Economía] ha sentido la presión del movimiento sindical y ha cerrado la posibilidad de dejar esa expectativa, pero creemos que puede replantearse si es en relación a temas de consenso que requieran iniciativa del Ejecutivo”, coincidió el nacionalista Jorge Gandini.
En relación con los reclamos sindicales, desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se anunció ayer que hubo avances en la negociación. Frente a la propuesta del gobierno de otorgar una prima por presentismo de 500 pesos en 2011 y 2012, a cambio de firmar un convenio salarial a dos años, los sindicatos del Estado pretenden aumentar dichas partidas a cerca de 650 pesos como condición para un convenio con ese plazo. “El gobierno no cerró la negociación”, aseguró Alejandro Laner, referente de los estatales en el PIT-CNT.
El jueves en el consejo de rama de la administración central las partes medirán qué margen de acción existe. Ayer, tras entregar el proyecto presupuestal, Lorenzo negó que ya exista un acuerdo con COFE, pero Laner aseveró que el monto global de la prima por presentismo ya fue incluido en el presupuesto.