La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará el próximo miércoles el tratamiento del proyecto de ley de asociación público-privada, remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento en noviembre del año pasado. Recibirá en esa instancia a representantes de las AFAP, que darán su opinión sobre si el actual proyecto les permite financiar obras de infraestructura. “Durante todo febrero se va a discutir el tema en comisión y se planifica llevarlo a la cámara en marzo”, señaló a la diaria el presidente de la comisión, el frenteamplista Alfredo Asti (Asamblea Uruguay).

Aunque todavía el tema no se discutió en la bancada del Frente Amplio (FA), ya han surgido públicamente diferencias con el proyecto en algunos sectores. La iniciativa regula los contratos de participación público-privada en obras de infraestructura. El dirigente comunista Daniel Berrutti dijo la semana pasada a la diaria que el partido ve con “enorme preocupación” la iniciativa. “No somos estatistas, pero no vamos a permitir que se vendan las empresas del Estado. Y menos que el Frente Amplio avance en algo que no pudieron hacer los partidos tradicionales cuando fueron gobierno”, sostuvo. El senador comunista Eduardo Lorier ya anunció que se opondrá al proyecto cuando éste ingrese al Senado.

En el Partido Socialista (PS) hay diferencias internas al respecto. Algunos dirigentes, como el presidente Reinaldo Gargano, tienen discrepancias más de fondo. Gargano había dicho a este medio que la iniciativa avanza “más allá” de los compromisos programáticos asumidos por el FA y remarcó que es importante defender “el patrimonio nacional” y la capacidad del Estado de “mantener el control” en “áreas estratégicas”. Otros socialistas consideran que bastarían algunos ajustes en la redacción y precisiones en los términos para aprobar el proyecto. El sector conformó un grupo de trabajo para analizar el tema integrado entre otros por Gargano, el secretario general del PS, Eduardo Fernández, y el director general de secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía. Todavía no hay conclusiones, indicó Fernández.

En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay (AU) coinciden en que el texto debe precisar en qué tipo de infraestructura se habilitará la asociación (el proyecto actual no lo hace). Asti indicó que ya se conversó con el equipo económico sobre la necesidad de precisar los términos en este aspecto, así como en los montos de inversión y en los plazos de concesión.

Pero el MPP y AU tienen diferencias sobre qué inversiones en infraestructura deben habilitarse. Asti indicó que su sector considera que además de la inversión en infraestructura vial, ferroviaria y aeroportuaria, debería contemplarse la inversión en “infraestructura social” (educativa, sanitaria, en seguridad).

El diputado Alejandro Sánchez, del MPP, aclaró que su sector no ha adoptado posición, pero señaló que sí se expresó preocupación en conversaciones informales sobre este punto. “Entendemos que la ley, tal cual está planteada, si bien es un instrumento interesante y necesario para el desarrollo del país, requiere precisar algunas definiciones sobre cuáles entendemos que son las cuestiones esenciales del Estado. Hoy el concepto de infraestructura ha cambiado: el Banco Mundial está hablando de infraestructura social, y en este caso entendemos que estamos hablando de obra pública, pero no de políticas sociales”, enfatizó.

Puso como ejemplo que si se amplía el concepto a “infraestructura social”, podrían instalarse cárceles privadas en Uruguay, como sucede en otros países. Al MPP también le preocupa que la iniciativa no establece plazos, sino que se limita a decir que la asociación “no es a perpetuidad”. “Tenemos que discutir hasta dónde permitir la asociación público-privada. Ése es el fondo de la cuestión”, remarcó Sánchez.