Cuando el vicepresidente Danilo Astori dijo a fines del año pasado que las ocupaciones de lugares de trabajo se justifican en algunos casos, los empresarios pusieron el grito en el cielo. Sin embargo, ha sido una postura tradicional de la izquierda considerar la ocupación como una medida de lucha para el acceso a ciertos derechos.
Respecto de la ocupación de un predio en el barrio Nuevo Capra (ver página 11), la primera reacción de algunos jerarcas fue acusar de tener “móviles políticos” a algunos de los activistas, aunque ayer el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, descartó esta hipótesis durante una reunión que mantuvo con el presidente José Mujica.
Para el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en ésta, como en otras ocupaciones, “conviven muchas causas”. “Desde la causa económica, de déficit de vivienda, hasta el aprovechamiento individual, los que ocupan para parcelar y vender. También hay veces en que el propietario insta a la ocupación. Y también hay motivos de agitación, de crear demandas y titulares”, evaluó, en diálogo con la diaria. Aseguró que esta posición no supone dejar a un lado banderas históricas de la izquierda, sino que las ocupaciones deben analizarse “caso a caso”.
En este contexto, Breccia informó que el Plan Juntos ya está en instrumentación. “Se declaró emergencia sociohabitacional, se nombró la comisión correspondiente, se creó la Fundación Juntos -que recibió importantes aportes del presidente de la República y de privados-, se envió el proyecto de ley al Parlamento”, enumeró. Recordó que el presupuesto dispone 100 millones de pesos por año para el plan y que se planea brindar soluciones habitacionales a 15 mil familias de la población más carenciada. Aseguró que este año comenzará a construirse y que para ello no es absolutamente necesario que esté aprobado el proyecto de ley, aunque es “importante”.
En la Torre Ejecutiva trabajan desde mediados del año pasado cerca de veinte personas, entre rentados y voluntarios, en la definición de las líneas del plan.
Por otra parte, ayer el diputado nacionalista Javier García dio a conocer un pedido de informes que solicitó a organismos del Estado respecto de la cantidad de bienes inmuebles en el ámbito público y su estado. Según sostuvo el legislador, constató que el Estado “es el mayor terrateniente”, ya que sólo cuatro organismos (ANEP, Ministerio del Interior, INAU y El Correo) poseen más de 250 propiedades en desuso. Breccia declinó hacer comentarios al respecto.