El 14 de octubre cerró la etapa consultiva que tenían los actores sociales para pronunciarse sobre el proyecto de decreto de televisación digital que elaboró la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), y ahora resta que esta unidad ejecutora reelabore la norma en caso que sea considerado necesario, para que luego pase a estudio del Poder Ejecutivo.
Ayer y el lunes, el diario El Observador publicó cuestionamientos que la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) hizo al proyecto de la Dinatel, que van en una línea contraria a los expuestos por la Coalición para una Comunicación Democrática (CCD). En síntesis, el documento de esta última señala como fortalezas muchos puntos que los operadores privados señalan como debilidades.
El borrador del decreto establece que entre 0,5% y 1% de la facturación bruta de los titulares del servicio de radiofusión de televisión digital será utilizado para un fondo que fomentará la producción nacional audiovisual. El presidente de Andebu, Rafael Inchausti, manifestó a El Observador que para generar este tipo de incentivos no se debería "recurrir al establecimiento de impuestos o cánones o a la obligación de hacer aportes por los operadores", sino que recomienda que busquen lograrse mediante una "política de incentivos como las que se aplican a otros sectores de actividad", y sugirió que estas ventajas "podrían ser impositivas".
Incluso, el documento presentado por Andebu a la Dinatel indica que esta medida está "viciada de nulidad por ser contraria al texto constitucional", porque sería un impuesto instrumentado mediante un decreto. Lejos de ese punto de vista, el texto de la CCD "aprueba y celebra el establecimiento de un precio o canon por el uso de un bien público", pero subraya que el monto establecido es "bajo" si se compara con valores "que oscilan entre 5% y 10% en el resto del mundo". "Están gozando de un privilegio desde hace 50 años y cuando se les pide que colaboren con una miseria para la producción nacional, se oponen", dijo a la diaria José Imaz, de la CCD.
Lo primero es la familia
Otro punto cuestionado por Andebu es el establecimiento de un plazo de 15 años para las adjudicaciones a los operadores de la televisión digital, con “opción a renovación por parte del Poder Ejecutivo, de acuerdo a los términos que se establecerán oportunamente y previa evaluación del cumplimiento de las condiciones y compromisos asumidos por el operador”. Según Andebu, esto podría constituirse “en un peligrosísimo mecanismo de control”; “en el caso de medios que en el futuro no sean afines e incomoden a un gobierno determinado, a ese gobierno le bastará tan solo con no renovarles el permiso para suprimir el estorbo que esos medios le representen”, sostiene el documento de Andebu. En cambio, desde la CCD se comparte “el establecimiento por primera vez en la historia del país de plazos para explotar las frecuencias de televisión”, aunque considera excesivo que sean 15 años. De hecho, la coalición asegura que este punto se contradice con la explotación de diez años fijada por la ley de radiodifusión comunitaria. “Se establece así una situación de desigualdad entre distintos operadores de medios de comunicación”, resume. Según Imaz, la ausencia de plazos ha permitido que los medios se hayan heredado de familiares en familiares”. “¿Por qué a los canales privados se les han otorgado permisos precarios y revocables que se han constituido en eternos?”, se preguntó. “Actualmente, en todos los países del mundo los espejos en los cuales se miran tienen plazos para las licencias, y Andebu viene a plantear que no quiere eso”, explicó.
Además, Andebu plantea que la aparición de los nuevos operadores puede provocar una “saturación” del mercado publicitario en la televisión que, según sostiene, en los últimos años ha caído. En contraposición, Imaz opinó que el planteo es “ridículo”. “Ahora plantean que la competencia los perjudica en el mercado, cuando estamos en una sociedad de libre mercado y la competencia es algo elemental”, sostuvo, y dijo estar “seguro” de que “muchas veces desde esas tiendas se han levantado voces contra los monopolios estatales, pero cuando a ellos les tocan su monopolio no piensan de la misma forma”. “Es vergonzoso que se molesten cuando se les toca el bolsillo y el monopolio”, remató.
El documento de la CCD también resalta que se debe apoyar y promover más fuertemente al sector comunitario, que faltan exigencias como la presentación de un plan comunicacional para los canales del sector público, al tiempo que castiga que los actuales operadores de los canales privados tengan “asegurado una cantidad de señales y servicios mucho mayor a las que hoy brindan”, sin hacer una presentación de su proyecto comunicacional. También se resalta la necesidad de una ley de servicios de comunicación audiovisuales, se señala como “preocupante” que no se hayan establecido normas en contra de la concentración de medios y se advierte la ausencia de normas para la regulación de la publicidad.