Desde Suecia, en el marco de su gira oficial, el presidente José Mujica aseguró que el "proyecto que estaba siendo redactado estos días va a ser aprobado por el Parlamento" y que éste declarará que los delitos cometidos por el Estado durante la dictadura son de lesa humanidad y que, por lo tanto, no prescriben.
La iniciativa legislativa, a la que accedió la diaria, tiene un artículo único a partir del cual se aplica el "control de convencionalidad que los órganos del Estado deben realizar entre las normas internas, la Convención Americana y la interpretación que de la misma hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos" (CIDH). Y de allí se deprenden tres incisos: el primero declara que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley de Caducidad "configuraron un obstáculo para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana y que puedan haber ocurrido en el Uruguay", de acuerdo a lo señalado por la sentencia de la CIDH, así como por las tres sentencias de la Suprema Corte de Justicia emitidas entre 2009 y 2010 que declararon inconstitucional la norma, y "en mérito a que condicionó la actividad jurisdiccional a una decisión del Poder Ejecutivo, y por la misma el titular de la acción penal, el Ministerio Público, estaba impedido de ejercer su poder-deber, hasta tanto el Poder Ejecutivo no considerara excluidos del alcance de la referida norma los casos concretos en aplicación de su artículo tercero".
El segundo inciso apunta a restablecer "la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos a los que refiere el artículo 1º" de la Ley de Caducidad; y el tercero declara que esos "son delitos de lesa humanidad de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y posteriores instrumentos internacionales aprobados por la República".
El anuncio de Mujica fue durante un encuentro con uruguayos radicados en ese país y ante la consulta de uno de ellos. Suecia fue uno de los principales destinos de los exiliados durante el terrorismo de Estado y esto fue agradecido por Mujica al primer ministro Fredrik Reinfeldt en una reunión en la que también participó el canciller Luis Almagro.
Buscando apoyo
En la jornada de ayer se concretaron reuniones entre una delegación del Frente Amplio (FA) encabezada por el presidente de la fuerza política, Jorge Brovetto, con el secretario general del Partido Colorado (PC), el senador Ope Pasquet, y otra con el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), el senador Luis Alberto Heber. En ambas instancias, el FA consultó las posibilidades de respaldo para la aprobación de una declaración de la Asamblea General reconociendo la imprescriptibilidad de los delitos y, por otra parte, de un proyecto de ley en el mismo sentido. Colorados y blancos no dieron respuesta hasta tanto no realizaran consultas en las internas de sus partidos, una postura que ya había tomado el Partido Independiente tras la reunión del lunes. El prosecretario del PC, Max Sapolinski, adelantó a la diaria que el asunto será puesto a consideración el lunes en el Comité Ejecutivo Nacional y que en ese ámbito se tomará una decisión. En tanto, Heber reiteró que el PN “está buscando la forma de cumplir” con el fallo de la CIDH por el caso Gelman, porque es “una mancha” para Uruguay y “no hay duda” de que existe responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos durante la dictadura.
“Los países chicos están aferrados al derecho internacional como nadie porque es el que nos defiende frente a la prepotencia de países grandes que no le hacen caso. Tener una mancha nos debilita a la hora de tener que reclamar nuestros derechos”, argumentó. El presidente del directorio blanco precisó que “cómo se cumple es otro tema” y que las “instancias de negociación” con el partido de gobierno van en ese sentido. “Su camino no necesariamente tiene que ser nuestro camino”, concluyó. Brovetto informó ayer al resto de los integrantes de la comisión especial del FA de estas reuniones. En ese ámbito, estuvo sobre la mesa un borrador elaborado a partir de los proyectos que se venían manejando. La redacción del texto buscó incorporar aportes provenientes de distintos operadores jurídicos, recoger los acuerdos logrados a la interna y, a su vez, “superar” las críticas que han recibido. Los operadores jurídicos que trabajaron en este nuevo texto no representan ni responden a ningún sector dentro del FA.
Al ser consultados por las diferencias internas, distintos integrantes de la comisión especial aseguraron que “se están limando asperezas”, que el FA “está encontrando su camino” y que ayer hubo “un grado de acuerdo bastante amplio” en el sentido de que “las líneas” del proyecto de ley están “relativamente acordadas”. Mientras tanto, se mantienen a la espera hasta el lunes o martes de las respuestas que les hagan llegar blancos, colorados e independientes.