El presidente de APU, Daniel Lema, dijo a la diaria que el trabajo del periodista en el interior es más complejo que en Montevideo. Comentó que a menudo los dichos de los periodistas terminaban con acciones legales, algo que en parte se ha solucionado con la nueva Ley de prensa.

La nueva ley, promulgada en 2009, establece que no se convierte en delito hablar de asuntos de interés público o de personas con una "exposición social de relevancia", siempre y cuando no se compruebe real malicia del autor. La normativa que regía desde 1989 priorizaba el honor de las personas públicas, por lo que este tipo de conflictos debía dirimirse en la órbita penal. Actualmente, la mayoría de estos conflictos se resuelve en juzgados civiles.

Lema comentó que un aspecto que pesa mucho en el ejercicio de la libertad de prensa en el interior es la independencia económica de los medios de comunicación. “Si no hay grandes empresas privadas, los gobiernos departamentales juegan un papel importante en la asignación de publicidad y se dan presiones más directas”, sentenció. Lema comentó que ocurre lo mismo con los grandes empresarios.

El presidente de APU explicó que este hecho tiene particular importancia, debido a que el periodista en el interior realiza una mayor variedad de tareas, por ejemplo la venta de publicidad, lo que condiciona directamente su libertad de expresión.

La mayoría de los medios del interior, según explicó, funcionan a través de coproducciones y la compra de espacios. "En general, las grandes producciones de los canales y radios son los informativos, el resto es arrendado", sostuvo. Según Lema, este aspecto lleva a que la publicidad, y más concretamente las pautas oficiales, sean fundamentales para la producción de contenidos, y terminan jugando un rol fundamental en la libertad de expresión, sobre todo por la autocensura que se imponen medios y periodistas. El presidente de APU dijo que este tipo de presiones generalmente no se denuncian porque se comentan de manera informal. "Los grandes líos que APU ha tenido en el interior fueron por condiciones de trabajo, sueldo, despidos, entre otras cosas", dijo.

Las amenazas en baja

Lema indicó que después de que cambió la Ley de prensa hubo un período en el que aumentaron las amenazas contra los periodistas del interior, aunque “de a poco va mejorando la situación”. Consultado acerca del procedimiento legal y policial ante este tipo de amenazas, sostuvo que depende de cada caso. “APU recurre al Ministerio del Interior y éste actúa según el caso”, explicó. Cerro Largo, Paysandú y los departamentos de la frontera son los lugares en los que APU ha tenido que actuar con mayor frecuencia por amenazas, sobre todo por la alta concentración de medios que allí se registra, según comentó su presidente. También condiciona el trabajo de la prensa en el interior una “mayor cercanía” con los protagonistas de las noticias, según comentó Lema. Otro punto destacado por el dirigente de APU es la situación de pluriempleo que viven los periodistas, que si bien también se da en Montevideo, en el interior está mucho más acentuada, según comentó.