Gran parte de la oposición no acompañará en la cámara baja el proyecto de ley que declara la emergencia sociohabitacional y crea como un organismo desconcentrado, dependiente de Presi-dencia de la República, el Plan Juntos. El principal cuestionamiento fue el diseño institucional de la iniciativa, ya que para la oposición debería depender del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y no es necesario un nuevo organismo.
Desde el Frente Amplio (FA), la diputada Susana Pereyra (Movimiento de Participación Popular, MPP) defendió la creación de la nueva institucionalidad y su ubicación, argumentando que el objetivo integral del plan requiere “una coordinación interministerial imprescindible”, y agregó que “la única manera de que funcione es que dependa de Presidencia”.
Ayer la Cámara de Diputados tenía en su orden del día la aprobación del proyecto de ley, que en el Senado fue votado por unanimidad -aunque el senador Luis Alberto Lacalle no quiso estar presente durante la votación porque estaba en contra-. Sin embargo, el tono de la discusión -y el partido de Uruguay por las eliminatorias- hizo que la sesión se suspendiera y la votación quedó pendiente para hoy.
Según explicó a la diaria Fitzgerald Cantero (Vamos Uruguay, Partido Colorado), él y varios diputados del sector iban a votar en general el proyecto de ley, pero su opinión cambió luego de la publicación, el jueves, en el semanario Búsqueda, de declaraciones del secretario de organización del Partido Socialista (PS) en Montevideo, Walter Morel, que en una reunión acusó al MPP de hacer clientelismo político con el Plan Juntos. En una charla organizada por la Departamental Socialista, el 3 de octubre, Morel dijo que el funcionamiento del plan “nos hace acordar a la vieja y querida tarjetita, nada más que como ahora somos del MPP y somos revo-lucionarios no damos tarjetitas, pero con esa forma de hacer po-lítica no vamos a construir”.
“Ante esas dudas que surgen del propio partido de gobierno, ¿qué queda para nosotros?”, se preguntó Cantero. “La idea es buena, es noble querer ayudar a quien no tiene a conseguir una vivienda, pero si persisten estas dudas y cuestionamientos del propio partido de gobierno yo no voy a dar mi voto”, fundamentó.
Morel también habría dicho la semana pasada que el Plan Juntos de Salto funciona en el local del MPP de ese departamento, lo que fue desmentido ayer por el diputado del FA por Salto, Andrés Lima. El legislador contó que el Plan Juntos funciona en un local cedido por la Intendencia de Salto, donde también funciona el Ministerio de Desarrollo Social. Susana Pereyra, por su parte, no quiso comentar la opinión de Morel ya que no es la de todos los socialistas: “El PS lo va a votar”, aseguró.
Iba a ser ministerio
Iván Posada (Partido Independiente, PI) explicó a la diaria que votarán en contra del proyecto, y que uno de los principales argumentos es su oposición a “la insistencia en seguir haciendo de Presidencia -un órgano que no existe- una suerte de megaministerio. [Las del Plan] son competencias del MVOTMA, es allí donde debería estar radicado un programa de estas características, que compartimos que debe existir”.
Un argumento similar manejó la diputada Ana Lía Piñeyrúa (Unidad Nacional, Partido Nacional), que agregó que bajo la órbita presidencial el plan no tendrá “control constitucional”. “No estamos dispuestos a votar un programa que no da garantías sobre cómo se invierten los dineros de los contribuyentes”, aseguró. Para la diputada Pereyra es “imprescindible que dependa de Presidencia, porque [el Plan] tiene que tener una coordinación interministerial”. “La experiencia nos dice que la única manera de que funcione es que dependa de Presidencia, porque si no se termina dando un protagonismo innecesario a uno solo de los ministerios”, añadió. “No hay buena práctica de trabajar todos los ministerios en igualdad de condiciones, si lidera uno es difícil hasta por cuestiones administrativas”, concluyó.
“Se supone que los ministerios hacen eso. Y si diéramos por válido que los ministerios no pueden coordinar, para eso está la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Una nueva institucionalidad parece innecesaria”, respondió Cantero.
Piñeyrúa informó que toda la bancada votará en contra del proyecto de ley: “En el Senado les parecía horrible oponerse al plan, pero cuestionaban lo mismo. En Diputados se evaluó distinto. Por más que coincidamos en los objetivos es una flexibilización de los controles y los mecanismos de contratación del Estado”. Susana Pereyra explicó que la declaración de emergencia permite “sortear algunos de los obstáculos de tiempo” en relación a las compras, pero aseguró que los mecanismos previstos están autorizados por el Texto Ordenado de Contabilidad Financiera (TOCAF). Según la diputada, para fin de año el plan habrá concretado 1.120 intervenciones.