La irregularidad fue detectada por la magistrada Adriana de los Santos, del Juzgado en lo Penal de 14º Turno, que su colega, Anabella Damasco, procesada ayer con prisión, tuvo a su cargo hasta junio de 2009. Luego de esa fecha, Damasco pasó a integrar el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno y era presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, puesto al que renunció días atrás cuando se inició la indagatoria por esta causa.

El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz decidió ayer el procesamiento con prisión de la magistrada por siete delitos de peculado en reiteración real, que se configura cuando un funcionario público se apropia, en beneficio propio o ajeno, de dinero u otros objetos de valor pertenecientes al Estado o que estén en su posesión por razón de su cargo, y se castiga con un año de prisión a seis meses de penitenciaría. En este caso, Damasco se quedaba con dinero obtenido en incautaciones de tres expedientes que tenía a su cargo como titular del Juzgado 14º.

Uno de ellos es el recordado como “Operación Campanita”; abierto en 2006, constituyó uno de los procedimientos de incautación de droga más grandes de la historia del país y terminó con numerosos procesados por delitos de lavado de activos y narcotráfico. En junio de 2009, cuando el Parlamento aprobó la venia de Damasco para Apelaciones, fue subrogada por Federico Álvarez Petraglia, quien procesó, entre otros, a la defensa de los imputados, Carlos Curbelo Tammaro. Álvarez Petraglia renunció en junio de 2010 y fue subrogado por De los Santos.

Los otros dos casos en los que se comprobó la apropiación indebida por parte de Damasco datan de diciembre de 2003, uno por proxenetismo y falsificación de pasaporte, y el otro por un delito continuado de aborto con colaboración de terceros. Los dineros incautados en el marco de procedimientos judiciales se colocan en una cuenta del Banco República en lo que se denomina “bajo el rubro de autos y a la orden del juzgado”. Esa cuenta queda en poder del juzgado y todos los movimientos que se realicen deben ser autorizados por el juez a cargo, en este caso Damasco.

Tras el procesamiento, Díaz explicó que la imputada utilizaba dos modalidades para quedarse con el dinero obtenido en acciones delictivas. La primera era no depositándolo en el banco ni dejándolo en poder del juzgado; así obtuvo, por ejemplo, 10.000 euros, una parte de la Operación Campanita. La otra modalidad consistía en depositar y luego librar al banco una orden de pago para ella misma.

En el auto de procesamiento, Díaz establece que “en siete oportunidades, precedida de diferente resolución criminal, se apoderó de dinero en efectivo incautado en diferentes expedientes en los que intervino como magistrada”. Además del testimonio de Damasco y de otros funcionarios judiciales, constituyeron pruebas las pericias caligráficas de los documentos originales que aportó el Banco República. “Con sumo pesar debe concluirse que la indagado tuvo la intención y obtuvo el resultado de apropiarse en su provecho, del dinero depositado en una cuenta judicial y a su orden”, concluyó.

Díaz aclara en su escrito que el procesamiento fue con prisión y que “por la gravedad de la conducta no puede descartarse que vaya a recaer pena de penitenciaría”. En conferencia, aclaró que no fue recluida en un establecimiento carcelario usual pero no reveló en dónde por “razones de seguridad”.

“Acá no hubo una denuncia de un particular, no hubo una investigación policial, no hubo una solicitud de investigación del ministerio público, sino que lo que existió fue una magistrada judicial [De los Santos] que detecta irregularidades en un expediente, que realiza una investigación administrativa para aclarar los hechos, que detecta hechos irregulares con apariencia delictiva, que pone en conocimiento del juez competente esos hechos y que el juez inicia de inmediato una investigación a los efectos de esclarecer. Esto significa que el sistema se autosanea, lo cual para mí es bien importante dejarlo absolutamente en claro”, valoró Díaz.