La Dirección Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) publicó los comentarios de la sociedad civil acerca del decreto de televisión digital. Se presentaron 26 documentos de cámaras empresariales, organizaciones sociales, dirigentes políticos y profesionales de la comunicación.
Manejar
El cineasta Mario Handler presentó un documento con aportes a Dinatel. Según su punto de vista, el decreto "maneja mal a los sujetos principales de la vida televisiva, como son el creador y el usuario". "La televisión no es el sujeto propiamente dicho", sino "un sistema de difusión y no un sistema de creación, ya que no posee lenguaje definido". Handler no está de acuerdo con el "ínfimo" aporte de 1% de las empresas que facturan por año más de 2 millones de Unidades Indexadas (unos 4,6 millones de pesos). Handler cita que en España rige desde 2001 una ley de cine que obliga a las cadenas de televisión a destinar 5% de sus ingresos a producir largometrajes y películas para cine y TV. "¿Qué tiene que ver el MIEM con la cultura, que es el campo del que forma parte la televisión?", se pregunta. También advierte que "sin haber completado o al menos avanzado en las radios comunitarias, se pretende generar televisión comunitaria, sin entender que es una extrapolación de acciones totalmente disparatada y que puede producir una especie de radio con imágenes inmóviles. Es partir de un gato e inflarlo para generar un león. No hay movimiento de TV comunitaria, hay uno de radio comunitaria", remata.
El documento de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) considera que el proyecto plantea "avances importantes en relación a los contenidos" y destaca que se respeta "la reserva estipulada para el sector en la ley de radiodifusión comunitaria". "Para cambiar el sistema de medios es necesario no incrementar los privilegios de los titulares actuales de la TV comercial con la asignación de un canal exclusivo, exigirle diversidad y calidad de contenidos a los medios comerciales, y fortalecer a los sectores público y comunitario con políticas muy fuertes", comenta AMARC. También destacan que la Ursec, organismo encargado de la regulación y los trámites de habilitación y control, debería funcionar "en forma neutral y eficiente, algo que hoy [...] tampoco sucede".
Por su parte, la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados (CUTA) advierte con "preocupación" que el borrador establece una "entendida e injustificada reserva de espectro", ya que prevé "una reserva de una gran cantidad de frecuencias en la banda de UHF (bandas de alta frecuencia) que terminará por desalojar a los operadores existentes de TV paga, atentando contra sus posibilidades de continuar prestando el servicio".
En la CUTA consideran que el mercado uruguayo "no soporta tanta cantidad de canales abiertos" y, además, plantean su molestia por la autorización a la Televisión Nacional del Uruguay (TNU) y Antel "como los únicos habilitados a brindar acceso a infraestructura de transmisión a titulares de servicios de radiodifusión de televisión digital que no dispongan de ella", puesto que pone "de manifiesto una clara intencionalidad de monopolio para el transporte de señales de televisión" a favor de estos organismos estatales.
Sana competencia
Algo similar planteó la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay (CTU) al reivindicar el cumplimiento de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia. Según afirman, el Estado violenta esa norma ya que “se coarta directamente con la posibilidad de quienes no son ni TNU ni Antel y que estuvieran interesados en prestar su infraestructura”. En ese sentido, la CTU reclama tener en cuenta esta norma, así como “los beneficios que la competencia genera a la sociedad”, a la vez que sugiere si un tema “de tanta trascendencia” no debería ser analizado “en un ámbito más amplio, como el Parlamento”.
Hugo Romay, director de Montecarlo Televisión, propone “reducir las canalizaciones a adjudicar para evitar un deterioro de la industria televisiva en su conjunto, y de la programación que se les brindará a los ciudadanos”. “No existe mercado en el mundo en el cual existan más de 60 señales de TV abierta para servir únicamente a una población de menos de dos millones de habitantes, como Montevideo”, advierte. Romay destaca que si bien los canales comunitarios gozarán de beneficios competitivos, también estarán autorizados a emitir publicidad, en tanto que considera que los canales comerciales están “constantemente cumpliendo tareas comunitarias” -lo graficó con los espacios televisivos para la Cruz Roja, Aldeas Infantiles y Teletón, entre otros-, por lo que concluye que “es cuestionable la separación en grupos -comunitarios o comerciales- a los futuros canales que se plantean”. Por último, advierte que el mercado publicitario ha cambiado su distribución, “creciendo significativamente en Internet y señales de TV para abonados transnacionales en detrimento de los medios nacionales de televisión abierta y radio”, por lo que concluye que “un proyecto de estas características es inviable y conduciría a la desaparición de la mayoría de los canales (abriendo las puertas a posibles inversores extranjeros)”.