Se presentó el viernes en Maldonado una denuncia por “homofobia” e “incitación al odio” basada en la ley 17.817, de “Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación”, contra el diputado nacionalista Gerardo Amarilla (Unidad Nacional), a raíz de sus declaraciones sobre el matrimonio igualitario realizadas a la diaria el 2 de noviembre (http://ladiaria.com.uy/articulo/2011/11/tarjeta-roja/). La acción judicial estuvo impulsada por Hermana de la Perpetua Indulgencia (HPI), una organización social de diversidad sexual. El representante fernandino, Daniel Melo, explicó a la diaria que se alentó a proceder de la misma manera en las localidades de Uruguay donde HPI tiene sede, incluyendo Rivera, el departamento que Amarilla representa en el Parlamento. El diputado afirmó que “no es matrimonio si no está vinculado a la procreación y a la monogamia. Las relaciones del mismo sexo están destinadas a satisfacer una necesidad, un placer sensitivo, que puede ser de dos personas o más, de tres o de cuatro”.
En Ovejas Negras las consideraciones de Amarilla serán discutidas en el próximo plenario, que se realizará el viernes 11. Para Michelle Suárez, integrante de esa organización de diversidad sexual, y redactora del proyecto de matrimonio igualitario, esas expresiones se realizan en el marco de un debate político en torno al matrimonio para personas del mismo sexo. Sostuvo que en este contexto “hay una delgada línea entre la discriminación y la libertad de expresión”.
“Empiezan a surgir picos de homofobia, en este caso públicamente y desde un representante político. Pero una cosa es la libre expresión y que se pueda opinar en contra [del matrimonio igualitario] con argumentos y otra cosa es cuando uno hace valoraciones. Las expresiones de Amarilla son absolutamente discrimatorias. Son absurdas, ignorantes, fundamentalistas, y si no fueran patéticas serían graciosas”, señaló.
Si bien Ovejas Negras aún no se pronunció, a título personal y como técnica jurista, Suárez celebra y respalda las acciones penales pero no considera que sea el camino más adecuado. Por un lado, indicó que existe una comisión contra la discriminación, creada por la ley 17.817 en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, “totalmente desmantelada”.
A su vez, a nivel judicial, la abogada alegó que si bien existe algún instrumento legal, como la mencionada ley “antidiscriminación”, actualmente el sistema de justicia no da respuesta: “Sistemáticamente los casos se archivaban, ni siquiera se instruía adecuadamente un sumario. En la últimas denuncias, hemos tenido la suerte de que superaramos esto y logamos que se tomaran declaraciones. Pero no sé si la realidad actual de nuestra Justicia puede canalizar el caso, hay un enorme vacío legal”.