Hoy a las 17.00 numerosas organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles se reúnen en la sede del PIT-CNT para consensuar una estrategia de campaña para respaldar la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que comenzó a tratarse en la comisión de Salud de la cámara baja el 8 de noviembre. En una reunión mantenida la semana pasada con representantes del Frente Amplio, la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista) trasladó a los militantes por la despenalización del aborto la intención de darle a la iniciativa media sanción antes de fin de año.

La dirigente del PIT-CNT, Alma Fernández, dijo a la diaria que la campaña para esta instancia será breve, pero que hoy se acordará “una consigna paraguas” de todas las organizaciones para la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, prevista para principios de 2012. Fernández recordó que el presidente José Mujica prometió en campaña que no vetaría una ley que despenalice el aborto y consideró que “éste es el momento político” de aprobar una norma en ese sentido.

“Después va a ser tarde porque va a empezar la campaña electoral. Como siempre en los temas de género tenemos que volver a insistir. Es un debe de la democracia a las mujeres y a la sociedad, sabemos que habrá mucha campaña en contra pero es un debe que se vote de una vez y no hagamos como el avestruz, escondiendo la cabeza abajo de la tierra”, consideró Fernández.

Para Tania Ramírez, del colectivo de afrodescendientes Mizangas, “el momento era la administración pasada”. “Había fuerza desde la sociedad civil, había un área de trabajo fértil con el gobierno, que sigue pero que no está tan fortalecida. Ahora lo que se puede aprovechar es que a nivel regional el tema está como levantándose, por ejemplo, en el debate de Argentina. Creo que ahora puede ser el momento por una cuestión política y por quién es el presidente, porque Mujica ha dicho que no la vetará”, dijo.

“La idea es salir con fuerza desde todas las organizaciones de forma coordinada. Estamos otra vez con lo mismo, pero ahora se trata de completar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva”, afirmó Romina Napiloti, de la organización Pro-Derechos. “Tenemos un marco jurídico mucho más adecuado, hay un programa de educación sexual, servicio de asesoramiento reglamentado por el Ministerio de Salud Pública. Es una mejor coyuntura en ese sentido porque ya está saldada la discusión de que el Estado aborde estos temas. Queremos lograr completar esto que empezamos en el 80 y que tuvo un hito en 2008. En todo ese tiempo la práctica se modificó porque se introdujo Misoprostol en el escenario y con eso otros canales de riesgos, pero se continúan haciendo 33.000 abortos por año”, señaló.