Democracia económica. Así suelen denominarse a las formas de organización de las empresas cuando éstas son controladas democráticamente por sus trabajadores. En Uruguay, generalmente, adoptan la forma de cooperativas de trabajadores.

Bajo este formato las decisiones importantes se toman con el criterio “una persona, un voto”, independientemente de cuánto del capital posea cada uno, y la gran mayoría de sus trabajadores son a su vez los dueños de la empresa.

En Uruguay, la cantidad de empresas de este tipo ha ido creciendo en los últimos 15 años: actualmente, hay 200 cooperativas, que involucran a 6.000 trabajadores.

Este fenómeno amerita una serie de preguntas: ¿es deseable que la actividad económica se organice en este tipo de empresas? En ese caso, ¿es un modelo económicamente eficiente?

Las cooperativas de trabajadores tienen varias características que las hacen deseables. Una de ellas es que una mayor presencia de estas empresas favorece una mejor distribución del capital productivo. Es dudoso que se puedan lograr nuevas mejoras redistributivas con base en la profundización de políticas similares a las aplicadas por el gobierno en los últimos años.

Para seguir avanzando en esta materia es fundamental alcanzar mejoras sustanciales en los niveles educativos de la población y en la distribución de la riqueza. La ampliación del espacio que ocupan las cooperativas en la economía podría colaborar en este último aspecto.

Además, en esta modalidad los espacios para la realización personal de los trabajadores son mucho mayores, básicamente por la posibilidad de incidir en el diseño de los procesos laborales y en otras decisiones que afectan su bienestar.

La evidencia sobre la eficiencia y las posibilidades de supervivencia de las cooperativas de trabajadores se ha ampliado significativamente en los últimos años. Una conclusión, que parece ser común entre quienes han estudiado este fenómeno, es que no se puede afirmar que las cooperativas sean menos eficientes o que tengan una mayor tendencia al fracaso que las empresas convencionales.

De hecho, en los últimos años, han ganado notoriedad algunas experiencias particularmente exitosas. Es el caso del Grupo Cooperativo Mondragón, una empresa que está entre las siete más grandes de España y que reúne a más de 80.000 trabajadores. Ha logrado crecer en forma constante durante las últimas cinco décadas y ha llegado a producir en sectores con alta incorporación tecnológica.

Sin embargo, las cooperativas de trabajadores tienen problemas particulares que vale la pena tener en cuenta. En el caso de Uruguay, por ejemplo, la edad promedio de los trabajadores de estos emprendimientos es mayor que la de las empresas convencionales. Y, a su vez, las cooperativas más envejecidas tienen problemas de baja inversión y baja productividad.

En Uruguay las políticas del gobierno hacia el sector cooperativo, al menos hasta ahora, no parecen haber estado enfocadas en dinamizar esta forma de organización económica como un modelo alternativo a las empresas convencionales. En general, se las ha promovido en última instancia, como una forma de mantener fuentes de trabajo.

Recientemente, el gobierno aprobó y reglamentó la creación del Fondo para el Desarrollo (Fondes). El mismo se financiará con hasta 30% de las utilidades del Banco República y tendrá como uno de sus principales objetivos la promoción de las cooperativas de trabajadores o empresas autogestionadas.

Se trata de una excelente noticia. Ahora, resulta fundamental saber con qué criterios se asignará dicho financiamiento a estas empresas. Sería importante que se promovieran los proyectos de cooperativas que se inserten en sectores dinámicos, con mayor utilización de mano de obra calificada y donde se espere que estas empresas tengan ciertas ventajas dadas sus características. Sin embargo, las cooperativas también tienen problemas específicos como los ya mencionados. La utilización del Fondes debería ser una oportunidad para tratar de generar en estos emprendimientos un comportamiento que resuelva algunos de los déficits que muestran.

Es de suponer que exista la tentación de otorgar créditos blandos con cierta generosidad para compensar la discriminación que suelen enfrentar las cooperativas ante el sistema financiero. Ahora bien, éste no sería el camino indicado. No lo sería si lo que se pretende es generar un desarrollo sostenido de estas empresas como una forma de organización económica alternativa.