Desde la militancia se enfatiza en que la respuesta del gobierno, como la ley de prescripción y la revocación de los actos administrativos, fue consecuencia de la sentencia de la Corte IDH. Para el abogado Pablo Chargoñia fue un "año clave" enmarcado en los contenidos de este fallo por los efectos que produce y seguirá produciendo. "Pero fue causa y efecto. La Corte fijó la agenda política, social y judicial y el fallo es una consecuencia del trabajo de la sociedad civil y de las víctimas. El sistema político se vio frente a la orden de un tribunal y tuvo que actuar", remarcó. Chargoñia, uno de los patrocinantes en las denuncias masivas, indicó que es "trascendente" que las personas que fueron torturadas estén yendo "en decenas" a denunciarlo, al entender que "el crimen que soportaron es imperdonable". "Esperemos que la caída de la impunidad legal no aparezca con una justificación", añadió.
Sus colegas Juan Errandonea y Javier Miranda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, tampoco esperan que este año abra "un antes y un después". "No me animaría a decirlo así porque siempre el año siguiente nos sorprende. Claramente es un proceso acumulativo que comenzó hace años", valoró Errandonea. Ejemplificó que en 2009 se declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para el caso de Nibia Sabalsagaray y en 2010 se procesó al primer general en actividad, Miguel Dalmao. Continuó diciendo que en 2011 el mojón hasta noviembre fue el fallo de la Corte por las consecuencias políticas y jurídicas, pero luego la aparición de Castro fue un cambio sustancial que tiene como consecuencia inmediata el pronunciamiento del comandante en jefe del Ejército Pedro Aguerre. "El cuerpo de generales es el mismo ahora que antes, con otro comandante, Jorge Rosales, que respaldó a Dalmao", apuntó. "Esto demuestra un avance constante, que a veces pega saltos, a veces uno piensa que se llegó a un callejón sin salida y se encuentra otra vía", concluyó.
Miranda considera que es difícil hablar de "un antes y un después" estando "arriba del hecho". "Hay acumulaciones de hechos que a veces producen que un hecho o una serie de hechos de esa cadena provoque un cambio cualitativo. La chispa que incendia la pradera o la gota que rebasa el vaso", desarrolló. En ese sentido, para el jerarca, 2011 estuvo marcado por hechos que significan cambios cualitativos. Ejemplificó que las manifestaciones de Aguerre son "absolutamente relevantes" pero es difícil valorarlas ahora: "Hay que prestarles atención y ver qué posibilidad tienen de producir un cambio sustancial". Añadió que un tema del que "no ha habido noticias" es que sigue siendo "muy difícil" pensar los derechos humanos más allá del pasado reciente y pensar el pasado reciente más allá de los derechos humanos. "Pero apuesto a una acumulación que lo posibilite más adelante, en algún momento se va a pegar el salto", dijo.
Sin fechas
Para el historiador Nicolás Duffau no es correcto hablar de 2011 como un año de "transición democrática". "El concepto de transición es vacuo en la medida en que queden cuentas pendientes y sólo es funcional a los sectores que intentan poner punto final a la discusión sobre la dictadura cívico-militar y buscan limitar el accionar de la Justicia", argumentó.
En ese sentido, a Duffau le gusta la idea de un "pasado abierto a la discusión". "Esto abarca todos los períodos pero en el caso de la historia reciente sirve para pensar un futuro más democrático. Para eso hay que contextualizar y comprender una de las épocas más negras de nuestra historia", completó.
Para su par Álvaro Rico, coordinador de la Actualización Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, 2011 es "un punto de inflexión muy importante". Entiende que se han "superado dolores y vergüenzas" y que pese al tiempo transcurrido "cientos de uruguayos salieron a testimoniar y a iniciar causas judiciales". Rico destacó haber "alejado la prescripción" tras el fallo de la Corte, lo que "permitirá trabajar sin fechas" y que el caudal de documentos recabados durante la investigación aportará en ese sentido. Asimismo, agregó, el fortalecimiento de la secretaría de seguimiento "abre la dimensión de los asesinados" en un contexto en el que los desaparecidos son el principal foco de atención.
Nunca más
Para la senadora Constanza Moreira (Espacio 609), 2011 puede ser considerado un antes y un después “en el proceso de consolidación de un Estado de derecho pleno” dados los avances legislativos, la aparición de Castro y la revocación de los actos administrativos. “Aunque Uruguay tiene un Estado de derecho pleno, los derechos humanos estaban virtualmente cercenados”, dijo. Para el diputado Luis Puig (PVP) esos hechos “fortalecen la capacidad de lucha” por el camino de verdad y justicia: “Éste es un año fundamental porque se desmoraron muchos argumentos, por ejemplo que hubo ejecuciones”.
Para Mara Martínez, integrante de Familiares, comenzó una nueva etapa. “El gobierno asumió que no se va a cerrar esta gran etapa del pasado reciente, que no va a tener un fin inmediato y mucho menos con el tema de la justicia. En Actualización Histórica se publicaron muchísimos archivos, hay muchos más elementos. Un quiebre importante fue el fallo de la Corte, porque fue entonces cuando el gobierno se puso las pilas”, graficó.
Desde el PIT-CNT, Washington Beltrán, referente de la comisión de derechos humanos, está convencido de que 2011 fue un “quiebre” que crea “todo un camino para andar”. “Si pensamos en el franquismo español, puedo decir que no hay una etapa de transición en sí misma como consecuencia de determinados hechos. Pero sí dependerá de nosotros seguir consolidando logros”, valoró. El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, valoró que este año tiene un “enorme significado” y que tuvo un “factor decisivo” con la aprobación de la Ley de Prescripción “para avanzar en la transición democrática”. Y añadió: “Empieza una etapa, con nuevos horizontes y desafíos para instalar las condiciones materiales, ideológicas y culturales para que nunca más haya terrorismo de Estado”.