La justicia pedirá el desafuero del ex intendente de Durazno y diputado, Carmelo Vidalín (Unidad Nacional), en el marco de una causa que investiga la desaparición de donaciones en las inundaciones de 2007. Vidalín ya había sido denunciado por los ediles frenteamplistas por el incumplimiento de un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). El ex intendente se llamó a silencio, pero su correligionario de Una, Jaime Trobo, opinó que el pedido de la justica "huele a operación política".
Ayer el matutino La República y el diario El Acontecer de Durazno revelaron que la fiscalía que investigó las irregularidades pidió el procesamiento sin prisión de Vidalín y que por eso se pedirá el levantamiento de la inmunidad parlamantaria.
La causa se inició un año atrás, tras una denuncia de la presidencia de la República, a raíz de la desaparición de una veintena de lonas y cinco casas prefabricadas que fueron donadas tras las inundaciones ocurridas en Durazno en 2007. En aquel momento, Vidalín presidía el Comité Departamental de Emergencia.
El edil Edgardo Lerena (Propuesta Batllista) recordó que a raíz de las "graves denunciadas" por el manejo del Comité de Emergencia, él presentó en la Junta Departamental 500 firmas de duraznenses que pedían que se investigaran estos episodios.
Ediles del Frente Amplio denunciaron que la Intendencia violó un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, también con el telón de fondo de las inundaciones de 2007. Dicho acuerdo comprometía al MVOTMA a otorgar 4.700.000 pesos, en dos partidas, para la refacción de viviendas pero la comuna destinó ese dinero a otros cometidos. Según los ediles, esos recursos se gastaron en "alquileres y alojamiento en hoteles para los damnificados”, según publicaba la diaria el 10 de noviembre de 2009. Cuando se conoció esta información, Vidalín se excusó de hacer declaraciones sobre el caso, amparándose en que era diputado con fueros parlamentarios.
La ex edila Zulma Corbo (Frente Amplio) considera que esta denuncia es "mucho más contundente" que la que hizo presidencia de la Repúblia, aunque, según dijo a la diaria, ninguna de estas denuncias y sus consecuencias judiciales tendrán "andamiento" porque no se conseguirán los votos necesarios en el Parlamento para el levantamiento de los fueros.
Desafuero descolorido
Vidalín no quiere hacer declaraciones sobre el pedido de procesamiento. Apenas admitió ayer a El Acontecer que estaba dolorido por un situación que “no esperaba”. Pero quien sí defendió a Vidalín fue el ex director de Hacienda de la Intendencia de Durazno durante su adminstración, José Pedro Rodríguez. El ex jerarca dijo a la diaria que las soluciones habitacionales prefabricadas efectivamente están instaladas en Durazno y además aseguró que “varias de las lonas faltantes” a las que hace referencia la causa judicial fueron incautadas por la policía, ya que “habían sido hurtadas y vendidas”. Según afirmó Rodríguez, para comprobar ambas situaciones aportó en su momento los documentos necesarios a la Justicia, aunque aparentemente no habrían tenido el efecto buscado. Respecto a la denuncia de los ediles, Rodríguez recordó que la Intendencia le pidió al Tribunal de Cuentas (TCR) que dictaminara si esos dineros habían sido utilizados para lo que el convenio decía y que este órgano de contralor avaló que se utilizaron “en la forma conveniente”.
En la Cámara de Diputados, en definitiva donde se tomará una decisión respecto al petitorio fiscal, los partidos recién comenzan a interiorizarse en el caso y se inclinan por no adelantar ninguna posición. El diputado frentista de Durazno, Martín Tierno (Movimiento de Participación Popular) se limitó a decir que la bancada del FA analizará el tema el próximo lunes. El colorado Germán Cardoso y el independiente Ivan Posada tampoco quisieron opinar hasta no estudiar todos los elementos.
Desde el Partido Nacional, Jaime Trobo (Unidad Nacional, al igual que Vidalín) también evitó hacer declaraciones ya que “no tenemos información oficial”. Según dijo, el tema “huele a operación política”, aunque aclaró que “si bien a priori el compañero tiene toda la confianza”, se estudiará con “mucha responsabilidad”. “Desafueros pedidos hay varios”, recordó.