El gabinete de seguridad, integrado por los ministerios de Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores, se reunió ayer en la Torre Ejecutiva con el presidente José Mujica para analizar la carta redactada por un grupo de militares retirados autodenominados Foro de Libertad y Concordia, que buscan la liberación de sus pares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y el cese de los juicios. En la misiva, los militares aseguran que asisten a una “demolición del Estado de Derecho” y que los procesados son “víctimas del afán incriminatorio por parte de algunos jueces y fiscales”.

Retroceder nunca

El flamante presidente de la Suprema Corte de Justicia (SJC), Leslie van Rompaey, hizo referencia ayer a las declaraciones de los militares retirados durante el acto de asunción como titular del organismo. Enfatizó que “la Justicia es independiente y actúa según la Constitución y las leyes, sin distinción de ciudadanos ante la ley”, que “cada imputado goza de las garantías del debido proceso” y que la ciudadanía debe tener “la seguridad de que los jueces de la República no van a ceder ante amenazas ni presiones, provengan de donde provengan”.

Representantes del Foro se reunieron el lunes con el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, y el de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, y ayer hicieron lo propio con el comandante en jefe de la Armada, Alberto Caramés. Rosadilla enfatizó ayer que los mandos pidieron permiso y el ministerio autorizó las reuniones. No obstante, fuentes del ministerio aclararon que en el caso de Rosales y Martínez no hubo una solicitud de autorización previa sino un informe posterior, en el que ambos aseguraron que durante el encuentro no vertieron opinión alguna.

Caramés sí solicitó autorización -la información de que iba a mantener un encuentro con representantes del Foro se había conocido ayer en Últimas Noticias- y luego de la reunión la Armada emitió un comunicado en el que sostiene que su fuerza canaliza los reclamos que tenga que hacerle al Ejecutivo por vías orgánicas. “No se trata de una actividad política sino de una actividad reservada en la cual una organización, como muchas otras, solicita entrevistarse con los comandantes en jefe para entregar una nota”, manifestó ayer Rosadilla.

A quien corresponda

Luego de la reunión del gabinete, Rosadilla y el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, brindaron una conferencia de prensa y leyeron un comunicado firmado por Mujica y por el ministro de Defensa. El texto hace consideraciones generales y elude referencias específicas. Se asegura que “el Poder Ejecutivo respeta y garantiza la libertad de expresión”, y en ese marco, “todo ciudadano tiene la potestad de emitir opiniones discrepantes con lo actuado por la Justicia”, aunque “a ningún ciudadano se le admitirá no acatar lo resuelto por ella” y “el Poder Ejecutivo respaldará con sus instituciones en forma plena las resoluciones adoptadas por el Poder Judicial”.

Se sostiene a continuación que “les está absolutamente vedado a los integrantes de las FFAA las actividades de carácter político excepto el voto” y que “no es admisible, por lo tanto, que se intente que las FFAA asuman como institución la defensa de personas indagadas por diversos delitos”. “La búsqueda de la unidad nacional y la convivencia armónica de los orientales sigue siendo objetivo prioritario del gobierno nacional, pero estos objetivos sólo son alcanzables a través del respeto integral de las normas constitucionales y legales que la sociedad uruguaya ha construido a lo largo de su historia. Se convoca en consecuencia a todos los orientales al debate libérrimo de sus ideas y opiniones, sin recurrir a presiones, amenazas o descalificaciones de especie alguna”, concluye el comunicado.

Breccia manifestó que el gobierno entiende que las declaraciones del Foro “no constituyen una amenaza”, aunque sí “contienen descalificaciones hacia algunos de los poderes legítimamemente constituidos del Estado, y en ese sentido es que nosotros instamos a cesar con ese tipo de actitud”.

Golpe por lo bajo

En el Ministerio de Defensa interpretan que esta “movida” tiene que ver también con la interna de las FFAA. Creen que los militares retirados buscan “voltear a Rosales” y que no lo quieren como comandante por la forma en la que ascendió (el gobierno al designarlo no siguió el orden de derechas y motivó el pase a retiro de 11 militares) y porque tiene vínculos con integrantes del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, ayer el secretariado ejecutivo del PIT-CNT evaluó las declaraciones de los militares retirados y decidió promover la realización de un acto público en defensa de la democracia y en condena de esas afirmaciones. Este jueves representantes de la central obrera se reunirán con organizaciones sociales (entre ellas, FUCVAM, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Serpaj, Crysol, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos) para analizar una proclama conjunta para el acto, que se realizará después del 20 de febrero. El dirigente Washington Beltrán, de la secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, señaló que “hay preocupación en el conjunto del movimiento sindical” por las declaraciones y cuestionó las “inexistentes o muy tibias” manifestaciones del Poder Ejecutivo al respecto. “Esto son pruebitas que se le hacen a la democracia, pero si no se actúa en consecuencia se vuelve un problema grave para toda la sociedad. No puede ser que esto no se califique como hechos aberrantes, patoteriles”, reclamó. Consideró además que el hecho de que los retirados se hayan reunido con militares en actividad es “muy grave” y que el Ejecutivo debería aplicar “las sanciones correspondientes”. “Acá hay responsabilidades políticas”, evaluó Beltrán.