Fripur es una empresa pesquera. Exporta. Trae plata al país. Fripur aporta dinero a las comisiones de finanzas de diversos partidos políticos en tiempos de campaña electoral.

El dueño de Fripur, Alberto Fernández, le prestó en 2004 un avión a la campaña del entonces futuro presidente de la República, Tabaré Vázquez. En agosto de 2009, se lo dio al también entonces futuro presidente, José Mujica, quien viajó en él a Brasil con el entonces futuro vicepresidente Danilo Astori.

Fernández, además, le pagó a la congregación de las Hermanas Oblatas la confección de la banda presidencial que lució Mujica al asumir el cargo, el 1º de marzo del año pasado. Después el Estado le restituyó el dinero. Fripur fue una de las diez empresas privadas que aportaron 15.000 dólares cada una para solventar los espectáculos masivos que acompañaron la ceremonia de investidura de Mujica, a solicitud de allegados del actual mandatario.

Estos trazos gruesos pintan a Fernández como un empresario preocupado por los destinos del país, que simpatiza con el partido de gobierno y que respeta las instituciones republicanas, al punto de ponerse en gastos para reforzar el andamiaje simbólico que las sostiene.

Pero hay otros colores en la paleta.

El sindicato de la pesca ha acusado a Fripur en numerosas ocasiones, desde la reactivación de los gremios en las postrimerías de la dictadura, de reprimir sus actividades y de maltratar a los trabajadores.

Se calcula que, entre noviembre de 2007 y junio de 2008, Uruguay se perdió de exportar 80 millones de dólares en productos del mar porque la Unión Europea suspendió las compras a todas las compañías pesqueras del país, tras constatar que Fripur no cumplía con sus normas de sanidad.

Al año siguiente, según lo comprobó una inspectora de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), Fripur adulteró la fecha de elaboración y empaque de productos a exportar, de acuerdo con el exhaustivo informe publicado por el semanario Brecha el viernes pasado. A la empresa le rechazaron partidas despachadas a Rusia por “contaminación microbiológica”. Y en diciembre y enero pasados, Italia devolvió calamares de Fripur por contaminación con cadmio.

¿Qué hizo el Estado?

Por la sanción europea que privó al país de 80 millones de dólares, le impuso a la empresa una multa de 2.300, cuando la ley lo habilitaba a una de hasta 115.000.

A la inspectora que constató la adulteración de las etiquetas la trasladaron a las oficinas centrales de la Dinara y después a las del puerto, informó Brecha.

Por la contaminación con cadmio, en cambio, la Dinara le suspendió a Fripur la licencia para exportar calamares.

Ante las revelaciones de Brecha, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, se limitó a declarar a La República que “no tenía comentarios para realizar porque no había sido motivo de conversación” en la cúpula del gobierno.

O sea que a la Presidencia no le preocupaban las acusaciones contra una empresa por actos que atentan contra la salud de los consumidores y contra la economía nacional. Ni siquiera como para charlarlo.

A los pocos días, Mujica se reunió con dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, sin que se supieran detalles de lo conversado. Por su parte, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Daniel Garín, dijo a Océano FM que su ministerio analizaba la denuncia sobre adulteración de etiquetas. Dos años después de que la irregularidad fuera detectada en una inspección.

Demasiado tarde, demasiado poco.

Fripur paga campañas políticas, presta aviones a candidatos, financia la banda presidencial, colabora con el boato republicano. Resulta imposible, a la luz de las denuncias contra la empresa, frenar las suspicacias acerca de la gratuidad de estos favores.

La cuestión está ahora bajo la lupa de la Justicia, y con seguridad será investigada por el Parlamento. Fenómeno. Pero habría sido preferible que el Estado hubiera cumplido con su función de controlar y hacer cumplir las normas antes de llegar a esta instancia.