“La CAP-L va a hacer lo que resuelva el plenario”. La afirmación del senador Eleuterio Fernández Huidobro fue realizada ayer a la diaria luego de que se desarrollara una reunión entre los cabezas de lista y el presidente del Frente Amplio (FA), Jorge Brovetto, para analizar la situación en torno al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. Durante este encuentro -que fue convocado el lunes en la Mesa Política que abrió un cuarto intermedio hasta hoy- se resolvió “actuar con unidad de acción” y se espera que el plenario del sábado apruebe el texto y mandate a los legisladores frenteamplistas a votarlo.
Por ese motivo, el compromiso de Fernández Huidobro de acatar significa que estarían los 16 votos necesarios para que el interpretativo sea aprobado en el Senado, pese a que la dirección nacional de la CAP-L había ratificado el sábado una resolución tomada en noviembre por la cual rechazaba el proyecto. El lunes la dirección nacional de Alianza Progresista, el sector de Rodolfo Nin Novoa, resolvió que el sector actuará en la cámara alta como lo hizo en Diputados, votando favorablemente la iniciativa, aunque siguen sin estar conformes con las modificaciones introducidas la semana pasada por la comisión redactora.
A pedido de la Mesa Política, Brovetto retomó las negociaciones con Fernández Huidobro y con Nin Novoa iniciadas en octubre de 2010 para alcanzar un consenso. Con los avances logrados ayer se espera que hoy se cierre un acuerdo. “Somos optimistas, pero mañana [por hoy] hay una instancia importante y formal, y por lo tanto definitiva, que es la Mesa Política”, señaló a la diaria la senadora socialista Mónica Xavier.
Al ser consultados, sus pares Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) coincidieron al afirmar que “habrá unidad de acción” en el FA. “El plenario se va a pronunciar sobre el nuevo texto y se va a acatar la resolución del plenario”, completó Rubio. Los cambios en la redacción incluyen un nuevo artículo luego del primero que dice así: “Declárase que la independencia del Poder Judicial y el ejercicio pleno de la función jurisdiccional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), los Tribunales y Juzgados (artículo 233 de la Constitución de la República) deriva esencial e insoslayablemente de la forma republicana de gobierno (artículo 72 de la Constitución de la República)”.
Además, se modificó el artículo 2 del aprobado en Diputados, que declara como “interpretación obligatoria” que los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Caducidad presentan una “ilegitimidad manifiesta” con la Constitución, y “carecen de valor jurídico alguno”. El agregado establece que dicha interpretación se hace “en cumplimiento de la jurisprudencia pacífica y constante de la SCJ” y que los artículos en cuestión “son incompatibles” con la carta magna.