Haber sufrido el terrorismo de Estado es uno de los factores determinantes de la identidad frenteamplista. Sin embargo, el actual oficialismo dista mucho de tener una política clara y homogénea para los problemas pendientes en esa materia.

Una de las razones es, sin duda, que una porción importante de la actual plana mayor del Frente Amplio (FA) -la porción que incluye al presidente de la República y a muchos dirigentes del sector más votado en dos elecciones nacionales consecutivas- sufrió represión en un contexto distinto, previo al golpe de Estado de 1973, sin haber pisado jamás un comité de base y en el marco de un conflicto armado en el cual el MLN-Tupamaros había decidido embarcarse mucho antes de que se fundara el FA, con base en premisas sustancialmente distintas a las adoptadas por éste desde 1971.

También incide que, durante el proceso de salida de la dictadura, las organizaciones de izquierda que habían sufrido represión no lograran, en general, realizar balances adecuados de esa experiencia ni de los procesos que las condujeron a vivirla. Cuando llevaron a cabo debates al respecto, en muchos casos no fueron capaces de profundizarlos o no quisieron hacerlo; una de las consecuencias fue que no estuvieron en condiciones de intercambiar puntos de vista con otras organizaciones, y mucho menos de comunicar al conjunto de los frenteamplistas, o a la ciudadanía en general, relatos consistentes y fidedignos sobre esos procesos históricos.

A lo antedicho debe sumarse que el presidente Mujica tiene sobre estos asuntos (como sobre muchos otros) posiciones muy peculiares y personales que no considera necesario, o no cree viable, discutir en busca de acuerdos. Pero que no se priva de manifestar. Mientras tanto, muchos otros ex guerrilleros, a menudo en altos cargos de gobierno, mantienen su adicción a la política clandestina y ceden a la fascinación de las partidas con cartas jugadas por debajo de la mesa.

Si se tienen en cuenta estas circunstancias, llaman menos la atención -pero no son menos chocantes- algunos hechos ocurridos en las últimas semanas.

Dentro del Frente Amplio persiste una escandalosa dispersión de opiniones acerca de la Ley de Caducidad, que no empezó ahora. Desde el proceso previo a la aprobación parlamentaria de esa norma hasta los debates más recientes en el Plenario Nacional del FA, pasando por las campañas por el referendo de 1989 y la propuesta de reforma constitucional de 2009, los frenteamplistas han sostenido posiciones muy distintas sobre lo que había que hacer o no hacer en relación con las violaciones de los derechos humanos que muchos de ellos sufrieron personalmente. Hace 25 años unos presentaron denuncias y otros decidieron no hacerlo; hoy hay quienes consideran que la controvertida ley debe ser anulada y quienes abogan por respetarla tanto o más que a la Constitución.

Mientras tanto, Mujica visita en el Hospital Militar al general Miguel Dalmao, procesado por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, al parecer en un gesto destinado a quienes, desde la variopinta familia ideológica que insiste en “dar vuelta la hoja”, consideran que el caso de ese oficial en actividad es el ejemplo más extremo hasta el momento del “revanchismo”.

Al mismo tiempo, el oficialismo pone en escena un incomprensible enredo en torno al video que sólo dice haber visto Mujica (y cuyo audio dicen que oyeron periodistas de Búsqueda). Las declaraciones de los ministros del Interior y de Defensa Nacional inducen a pensar que ambos están de adorno, la oposición no sabe si reír o llorar, y nadie le ha informado a la población si es verosímil o no que exista el presunto “Ejército Libertador Nacional”.

Los dirigentes del FA no acuerdan a qué quieren jugar y no parecen acordarse de que con algunas cosas no se juega.