“No bajamos los brazos sino que vamos a seguir nuestra lucha. Lo estamos viviendo con mesurada felicidad porque en definitiva no vamos a recuperar a Roberto ni a otros fallecidos y desaparecidos, cuyos casos no están aclarados”, valoró Raúl Luzardo, hermano de la víctima. La denuncia fue presentada por su viuda, Ana María Blanco, en junio de 2002 y archivada seis meses después porque el entonces presidente, Jorge Batlle, amparó el caso por la Ley de Caducidad. En diciembre de 2003 fueron reiniciadas las investigaciones para ser cerradas tres meses después y reabiertas definitivamente en agosto de 2005.
El magistrado responsabilizó ayer a Álvarez por el fallecimiento de Luzardo por omisión de asistencia en la sala 8 del Hospital Militar. “Álvarez conocía las condiciones de la sanidad militar para con los sediciosos. El trato no era amable, precisamente. [...] Él sabía que la sanidad militar no era una instancia pietista y caritativa para con el enemigo. En el mejor de los escenarios para el indagado, debió asegurarse de que Luzardo no estuviera siendo mal atendido”, sentenció Fernández Lecchini.
Álvarez llegó al juzgado de Misiones sobre las 14.00 procedente de la cárcel de Domingo Arena, donde se encuentra desde 2007, cuando fue procesado por los traslados clandestinos. Además de los medios de prensa, lo esperaban con varias pancartas y por fuera del vallado numerosos familiares y compañeros de militancia de quienes Álvarez recibió diversas dedicatorias alusivas a su condición de represor durante la dictadura.
“El hecho de la desatención de Luzardo fue tan notorio que trascendió la sala 8 hacia los cuarteles y las cárceles”, destacó el juez. También consideró significativo el hecho de que la historia clínica de Luzardo nunca haya sido encontrada. “O bien se perdió, o bien se destruyó, o bien se ocultó. El indicio es equívoco aún, a esta altura, pero puede acompasarse con la tesis de que dejaron de atender a Luzardo hasta la muerte. A efectos de ocultar este hecho, sería conveniente, en efecto, la desaparición de la historia clínica”, estimó el magistrado.
En sus declaraciones, el imputado se deslindó de toda responsabilidad: “Dice Álvarez que los comandantes en jefe le ordenaron que se comunicara con los parientes de Luzardo. Asume un papel de subordinación, pero ¡él era el jefe del Estado Mayor Conjunto!”, reza el escrito. El auto de procesamiento establece que Álvarez tenía como motivos para dejar sin atención a Luzardo el hecho de que fue partícipe en la muerte del capitán Ernesto Motto y se lo consideró sospechoso de la muerte de Artigas Álvarez, hermano de Gregorio. La declaración de este último sobre el episodio “destila una comprensible amargura y un rencor hacia los que participaron en tan horrible hecho”.
“Pero también el indagado es reticente en sus declaraciones, aportando mucho menos de lo que sabe”, completa. Y concluye: “Como jefe del Estado Mayor Conjunto, era el hombre con más poder y conocimiento en la época en que Luzardo era atendido en el Hospital Militar y en la época en que Luzardo dejó de ser atendido” en ese centro de salud.
