A fines de 2009 se conformó un grupo integrado por el defensor del vecino, los ministerios de Desarrollo Social y Vivienda, la Intendencia de Montevideo y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay para evaluar e intentar resolver la situación de viviendas en desuso que habían sido ocupadas. Uno de los casos analizados fue el de la finca de Bulevar Artigas y Maldonado, donde vivían 54 personas, entre ellas más de 20 niños menores de 14 años, sin luz ni saneamiento. La vivienda era utilizada además por “redes delictivas”, relató Rodríguez. Con el trabajo de la comisión se logró que un grupo de vecinos invirtiera para refaccionar el inmueble y al mismo tiempo se les brindó por dos años soluciones habitacionales a las familias que habitaban la finca: refugios, pensiones y subsidios para alquiler.
Actualmente la comisión tiene información de 250 viviendas en desuso, de las cerca de 500 que están en este estado en Montevideo. “Un alto porcentaje, la mayoría, tiene sucesiones pendientes; la otra situación que encontramos es la de fincas que pertenecieron en un momento a una sociedad anónima que hoy no existe como tal. También hay edificios abandonados en procesos constructivos, entre 80 y 90. Son en general sociedades anónimas que tienen hipotecas con bancos privados que no han pagado”, relató Rodríguez.
Por otra parte, en noviembre de 2010 se hizo una reunión de la comisión con representantes del Parlamento, la Junta Departamental, la Suprema Corte de Justicia, la Universidad de la República y jerarcas de varios organismos del Estado, en la que se llegó a la conclusión de que al Estado le hacían falta instrumentos jurídicos para solucionar estas situaciones, explicó Rodríguez. Puso como ejemplo que no está reglamentado el artículo 37 de la Ley de Ordenamiento Territorial, que dispone, entre otros deberes de los propietarios de inmuebles, el de mantenerlos “en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando las obras de conservación oportunas”, y el de “vigilarlos y protegerlos frente a intrusiones de terceros, haciéndose responsables en caso de negligencia de las acciones que éstos puedan ejercer en contravención a lo dispuesto por los instrumentos de ordenamiento territorial o en menoscabo de los deberes territoriales”.
“Se concluyó que hay que legislar un poco más para dotar al Ejecutivo de una herramienta para revertir el uso antisocial que hoy se está dando a estas fincas. Se habló de tipificar el abandono como falta, que el Estado tome la propiedad y le dé un uso social a la finca”, resumió Rodríguez.
La Constitución no deja
En este marco, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) informó el lunes a Últimas Noticias que está elaborando un proyecto que tipifica como delito el abandono de inmuebles y que establece la posibilidad de que el Estado pueda expropiar y realizar cesiones forzadas o remates para destinar la propiedad a usos sociales. Sus compañeros de bancada del FA todavía no tienen una opinión al respecto. Julio Bango (Partido Socialista) y Edgardo Rodríguez (Espacio 609) no quisieron opinar, aunque el emepepista alertó que el Estado también tiene propiedades en desuso. “Lo primero sería que el Estado construya mejor y entregue en tiempo y forma”, apuntó. Coincidió en la necesidad “de encontrar mecanismos para que las viviendas puedan ser utilizadas para satisfacer la demanda”, pero aclaró que no tiene “del todo claro” si el camino es el propuesto por Asti.
Los diputados del Partido Colorado y del Partido Independiente que integran la comisión de Vivienda como miembro y como delegado, Marta Montaner e Iván Posada, respectivamente se mostraron igualmente cautos. Montaner apuntó que primero quiere conocer cuál es el concepto de abandono que maneja Asti. Posada se mostró proclive a “estudiar alternativas”. “Hay que darle instrumentos al Estado, pero en todo caso no debiera ser solamente un instrumento y hay que ver de antemano cuál es la situación de esos bienes. Se podría disponer que el Estado intime al mantenimiento de los bienes, por ejemplo”, opinó.
En cambio, los diputados nacionalistas en la comisión, Gerardo Amarilla y Pablo Abdala, discreparon de plano con la iniciativa. “A primera vista me parece totalmente inconstitucional, porque el derecho [de propiedad] está consagrado en el artículo 7 y sólo se puede limitar por razones de interés general. Es peligroso porque una familia que tiene una casa y no tiene medios para refaccionarla y para ponerla al día, cuando pasa determinado tiempo, el Estado lo estaría penando como un delito, me parece riesgoso”, consideró. Se preguntó además “quién iría preso por las fincas abandonadas del propio Estado”.
Abdala, en tanto, apuntó que le parece bien “desalentar la circunstancia de tener las viviendas desocupadas”, pero no cree que la solución pase por la vía penal. “No se trata de ir criminalizando conductas, es un camino temerario. Para desalentar la viviendas improductivas, tal vez el resorte impositivo pueda parecer más razonable o más sensato a primera vista. Además, hay que ser muy cuidadosos con la vigencia del derecho de propiedad”, advirtió. Por otra parte, evaluó que la posibilidad de que el Estado se quede con el bien de un propietario sin pagarle indemnización “va en contra de los principios constitucionales”. “Del derecho de propiedad se desprende una cantidad de derechos que tiene el propietario, entre ellos mantener esa vivienda cerrada. Lo que hay que tratar de hacer es de desalentar esa conducta y no criminalizarla”, opinó.