En 1992 el hoy director de AFE Juan Silveira (Partido Socialista) era uno de los referentes del PIT-CNT en su calidad de titular de la Unión Ferroviaria, sindicato que en 2011 lo expulsó por no haberle hecho llegar el plan del gobierno -al que califican de privatizador- para desarrollar el sistema de trenes, sector que hace casi 20 años la administración de Luis Alberto Lacalle aspiraba a privatizar con la Ley de Empresas Públicas. En aquel entonces Silveira fue uno de los voceros de la Comisión Nacional Pro Referéndum que mediante ese mecanismo recolectó las firmas necesarias para habilitar la consulta popular que dejó sin efecto la ley.
¿Qué pasaría si un futuro gobierno del Partido Nacional tuviera las mayorías legislativas para replantear las privatizaciones?, fue la hipótesis que le propuso la diaria. “No veo la posibilidad de que eso se intente. No le veo posibilidad política, se pondría en peligro el mecanismo de democracia directa”, respondió el jerarca. Cuando se le preguntó si el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad promovido por el Frente Amplio constituía un riesgo, pensando en el referéndum que contra esa ley fracasó en 1989, Silveira dijo que no. ¿Por qué? “Porque la coyuntura política y social de 1989 era otra. Además, hay otro elemento que varía sustancialmente la situación: los fallos de la Suprema Corte de Justicia, que declaró a la ley inconstitucional”, opinó.
Se le planteó que dentro de 20 años la coyuntura posiblemente también sea otra. “El referéndum no es a perpetuidad. Si eso pasa, será la población la que defina si está bien o está mal”.