El domingo, cuando se celebre el Día de los Trabajadores, el coordinador del PIT-CNT Juan Castillo planteará el rechazo de la central al proyecto de ley de Participación Público Privada (PPP). Cuestionará el procedimiento por el cual se elaboró la norma y la necesidad de un espacio bipartito para su discusión, según explicó Edgardo Oyenart, el segundo de los oradores designado.

Al palacio

La Mesa Representativa del PIT-CNT discutió ayer otros temas que estarán en la concentración del Día de los Trabajadores, cuyo acto central se hará en Las Piedras a las 14.00. El coordinador Edgardo Oyenart se referirá a la salud laboral, a la “ley de impunidad” y a la campaña por la baja de la edad de imputabilidad. Castillo, en tanto, planteará la postura de la central sobre el país productivo y la redistribución de la riqueza. El PIT-CNT aprobó además un paro parcial para el 20 de mayo, cuando la cámara baja votará el interpretativo de la caducidad. Ese día habrá “movilización, concentración y discurso” frente al Palacio Legislativo, explicó Oyenart.

Presentó la moción en la Mesa Representativa, que se reunió ayer, la delegación de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), que entiende que “esto es materia de negociación colectiva porque va a modificar las empresas públicas y es plausible que también modifique las relaciones laborales”, según señaló Gabriel Portillo (Agrupación UTE). Recordó que a la MSCE se la invitó sólo una vez a la Comisión de Hacienda de Diputados para tomar contacto con el proyecto “pero después no supimos más nada y nunca hubo un ámbito de negociación”. Por esta situación, la Mesa de Entes iniciará paros parciales de dos horas en organismos estatales a partir del 5 de mayo y ya aprobó un paro general nacional para el 11 de mayo. “La idea es hacer un paro por sindicato cada día, pero es algo que todavía tenemos que ver cómo instrumentamos”, explicó Portillo.

Entre los funcionarios de AFE, quienes integran la MSCE, la situación es aun más complicada. Además de los dos proyectos de ley que ya están presentados para la reestructura del ente ferroviario (uno del Poder Ejecutivo y otro del vicepresidente del ente, Juan Silveira) se agregará uno elaborado por la Unión Ferroviaria (UF), que ayer fue aprobado en una asamblea. Hay otra iniciativa en curso que elaboran legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) con el apoyo de técnicos del Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Uruguay.

El presidente de la UF, Carlos Aramendi, explicó que el borrador será entregado formalmente al ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, el 5 de mayo.

Ese día el sindicato cortará la calle frente al MTOP, en el marco de las medidas del MSCE. Pero el gremio ferroviario debería intentar anticipar la fecha para que el proyecto sea tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo, que pretende laudar el tema en los próximos días. “En esta semana o a más tardar la que viene vamos a conversar con el presidente [José Mujica] para decirle cuáles son las alternativas y que finalmente se tome una decisión”, dijo el subsecretario del MTOP, Pablo Genta.

Los descargos de Silveira

La asamblea de la UF resolvió ayer dar la posibilidad al vicepresidente de AFE para que haga sus descargos ante el sindicato que integró hasta 2008, luego de que fuera expulsado por no entregarle el proyecto del gobierno.

Según describió Aramendi, la situación actual de Silveira “no es de una expulsión, sino que está en una especie de suspensión hasta que la dirección nacional del gremio defina si efectivamente lo expulsa”.

Silveira, en tanto, dijo a la diaria que desde la dirección de la UF reconocieron que “cometieron un error” al expulsarlo ya que “se violaron los estatutos” del sindicato. De hecho, Aramendi aclaró que para tomar una resolución como ésta la dirección nacional debe votar su expulsión y, en caso de que el sancionado apele, la palabra final le corresponde a una asamblea. “En este caso pasó al revés, la asamblea lo expulsó, pero como el tema nunca fue analizado en la dirección, su expulsión quedó anulada”, explicó el sindicalista.

Por su parte, Silveira argumenta que él no actúa como representante de los trabajadores en el directorio sino en nombre del FA y explicó que en este caso desde el gobierno le habían pedido manejar el borrador con “reserva”. A pesar de esas explicaciones, Aramendi es partidario de la expulsión: “Cometió un error grave. Negó y ocultó la información de las condiciones de trabajo de 1.400 compañeros”.