Cuando el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) retomó la primera semana de febrero las excavaciones en el establecimiento millitar ubicado en Toledo (Canelones), no tenía noticias sobre los resultados que determinarán si los fragmentos óseos encontrados en 2009 en ese predio militar son humanos o animales. La técnica bioquímica para dilucidar el origen se realiza en Buenos Aires, razón por la cual el hallazgo se envió al vecino país, quedando a cargo de la Morgue Judicial Argentina.

Para que la morgue efectúe el análisis correspondiente debe recibir una orden de la Corte Suprema de Justicia, lo cual hasta ahora no ha ocurrido. No obstante, fuentes vinculadas al tema confirmaron a la diaria que en los últimos días ese organismo dio entrada al asunto para tratarlo y atribuyen la demora a “razones burocráticas”. Si bien no se maneja en qué tiempo puede llegar a expedirse, se espera que “se resuelva todo favorablemente y con rapidez” porque lo que “estancó” el trámite fue el hecho de que la Corte Suprema no incluyera el tema en su agenda. En cuanto a los tiempos de la aplicación del método, demora unos 15 días entre la preparación de la técnica y la espera para conocer los resultados.

Los fragmentos óseos en cuestión fueron encontrados en las excavaciones que el GIAF -un equipo que surge de un convenio entre Presidencia y la Universidad de la República (Udelar)- realizó entre setiembre y diciembre de 2009. Los antropólogos se concentraron en áreas de posibles hallazgos en base a testigos presenciales que afirmaron que los supuestos desenterramientos del Batallón Nº 14 -la denominada “Operación Zanahoria”- no fueron exhaustivos.

En ese contexto, el GIAF detectó diversas irregularidades denominadas “anomalías estratigráficas” que corresponderían con dicha operación, y en los últimos días de trabajo hallaron los fragmentos que actualmente se encuentran en la Morgue Judicial Argentina. Ese hallazgo dio mérito para que en setiembre de 2010 el juez penal de 2º Turno, Pedro Salazar, enviara una solicitud al Poder Ejecutivo para reiniciar las excavaciones. Esta orden judicial se enmarca en la causa que investiga el paradero de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, desaparecida en 1976, que el magistrado tiene a su cargo luego de que reabriera las actuaciones en agosto de 2008 y de que la causa fuera archivada dos veces, una en 2003 y otra en 2005.

Paso a paso

En los trabajos en el predio militar iniciados en febrero no se han encontrado piezas óseas completas aunque, según las fuentes consultadas, el dato aún no es desalentador, ya que las excavaciones se extenderán hasta agosto, de acuerdo al convenio entre Presidencia y la Udelar. En cambio, indicaron que se “viene confirmando” lo relevado en 2009 en cuanto a las zonas con terrenos irregulares, consecuencia de la Operación Zanahoria, y destacaron el respaldo del Poder Ejecutivo en el proceso.

En ese marco hubo más hallazgos de fragmentos óseos, cuyo origen tampoco pudo identificarse. La técnica que determinará si son humanos o animales comenzó a implementarse en Uruguay, tal como anunció en enero el jefe del GIAF, José López Mazz, a raíz de los aplazamientos que conllevó enviarlos a Buenos Aires. Por esa razón, los nuevos fragmentos serán enviados para su análisis al Laboratorio de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.