“Cuando Raúl Sendic criticaba al latifundio en la década del 60 el emblema era el campo de Silva y Rosas en Artigas, que tenía 30 mil hectáreas. Hoy la empresa El Tejar, de capitales argentinos, tiene 180 mil hectáreas. Pero lamentablemente nadie dice nada sobre eso”, manifestó a la diaria el dirigente emepepista Antonio Vadell. El ex director del Programa Uruguay Rural (PUR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) planteará este tema el domingo cuando sesione la nueva Dirección Nacional del MPP, que él integra, con la intención de impulsar “medidas urgentes” para frenar la concentración de la tierra en Uruguay.
Te quiero verde
La cadena de televisión francoalemana Arte TV estrenó el 19 de abril el documental Planeta en venta, del realizador Alexis Marant, que fue filmado en tres continentes con el objetivo de mostrar detalles de la carrera global “por el ojo verde”. Hay testimonios de situaciones recientes en Etiopía, Madagascar (allí la coreana Daewoo compró 1,5 millones de hectáreas), y en América del Sur se detiene en los casos de Argentina y Uruguay. En la película se estima que 30% de la superficie uruguaya está en manos de extranjeros, e incluye entrevistas a pequeños productores ganaderos uruguayos y al senador Jorge Saravia (Espacio 609), que integra la comisión parlamentaria que analiza cambios legislativos para frenar la extranjerización.
Vadell considera que las autoridades del MGAP están “totalmente omisas” frente a este problema, y se queja porque la comisión designada por el presidente José Mujica para buscar alternativas legislativas -integrada por los senadores Ernesto Agazzi, Enrique Rubio y Jorge Saravia- “lleva un año discutiendo algo que podría solucionarse mucho más rápido”. “La verdad es que el gobierno no ha demostrado interés real en frenar este proceso y va a terminar saliendo un proyecto de ley cuando esté todo vendido. O cuando las mejores tierras ya estén concentradas en manos de extranjeros y queden sólo campos que no le interesen a nadie”, advirtió.
Vadell y otros referentes del MPP en temas agropecuarios proponen la creación de un Impuesto a la Posesión Excesiva de la Tierra (IPET), que empezaría a aplicarse en las propiedades mayores a las 2.500 hectáreas, con el propósito de generar recursos económicos para que el Estado compre tierras.
“La tierra es un bien social y existe responsabilidad social en su uso, cualquiera sea la forma de tenencia. El régimen tributario debe también considerar la utilización de la tierra según su capacidad de uso [...] habrá que pensar un sistema integrado que incluya impuestos, exoneraciones, créditos, sanciones y estímulos”, señala un documento del Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Uruguay (CADESYC), cercano al MPP, que incluye medidas concretas para frenar la concentración y la extranjerización de la tierra.
Según Vadell, cuando él trabajaba todavía en el MGAP (dejó ese cargo en 2010, por diferencias con el ministro Tabaré Aguerre) se estimaba que entre 15% y 20% del total de tierras estaba en manos de extranjeros, pero desde 2005 hasta ahora “las compras no han parado y la cifra tiene que ser mayor”. “Además de los porcentajes, hablamos de gente que no viene a comprarte tierras sobre el basalto, sino que se queda con lo mejor que tenemos. Lamentablemente estamos perdiendo la soberanía a ojos abiertos”, continuó el miembro de la dirección del MPP.
A por los arrendamientos
Los dirigentes del MPP críticos con la línea del MGAP consideran que, en producciones como la soja, la extranjerización también se da mediante el sistema de arrendamientos de tierras, y por eso es necesario legislar en la materia, según Vadell. El documento que se elaboró en la órbita del CADESYC es bastante explícito en este tema. “Por varios motivos ha empezado un corrimiento de las agroempresas de la propiedad hacia el arrendamiento. Esto genera una concentración solapada de la tierra, en base a su usufructo y no a la titularidad. Además de este efecto negativo se viene generando una capa de ex productores que pasan a ser rentistas, lo que hace altamente riesgoso este proceso”, argumentan. Frente a eso proponen incluir a los arrendamientos en el concepto de tenencia excesiva de la tierra, establecer “soluciones jurídicas” para evitar arrendamientos menores a tres años y retomar la aplicación de un “impuesto a los arrendamientos” previsto originalmente en la Ley de Colonización (11.029), aunque excluyendo a los productores familiares registrados como tales en el MGAP.
El documento plantea además la aplicación de mecanismos “de control y seguimiento” para las empresas que pidieron ser excluidas de la ley 18.092, que pasa las sociedades anónimas a la modalidad nominativa y que tiene su último vencimiento el mes próximo, así como retomar la ley de la franja fronteriza presentada por el ex ministro de Ganadería, Ernesto Agazzi, durante la anterior legislatura.
Establecen como “rubros prioritarios” para el desarrollo rural la lechería, la producción ovina, la granja y la apicultura. “Para el sector forestal debería probarse la posibilidad de dar en usufructo los montes del Estado a cooperativas de trabajadores de carácter autogestionario”, indica el documento del CADESYC, que propone “como plan piloto” de esta experiencia que se utilice la reserva forestal de Cabo Polonio, pasándola al Instituto Nacional de Colonización. “Las medidas pueden ser muchas, pero hay que impulsarlas con urgencia. Brasil ya tiene una ley contra la extranjerización que aprobó Lula da Silva antes de irse de la presidencia. Argentina, Bolivia, y Paraguay están en lo mismo, pero en Uruguay seguimos con los postulados del liberalismo”, señaló Vadell.