Según se señaló en una nota anterior sobre este asunto (ver la diaria, 1-6-11, pág. 2), el Frente Amplio se ha dado históricamente una estructura que, hoy, permite a sectores minoritarios desde el punto de vista electoral controlar muchas de las decisiones, si cuentan con fuerza militante suficiente en los despoblados comités de base, contra la voluntad de los principales líderes y de los sectores más votados en las elecciones nacionales.
En ese marco, se han planteado iniciativas de reforma que implican reducir el poder de los representantes de comités, mediante una disminución de su peso en los organismos de conducción y/o la adopción de algunas resoluciones importantes mediante plebiscitos internos (un mecanismo que está previsto, con ciertas limitaciones, en el actual Estatuto).
En cualquier caso, el problema de fondo es qué tipo de organización política quiere ser el FA.
Los partidarios de estas reformas invocan “la democracia”, y eso tiene, por supuesto, fuerte impacto, pero si se analiza con un poco de cuidado la cuestión, queda claro que no es tan simple.
Cualquier organización, por más laxa y liberal que sea, establece algún requisito para habilitar la participación en sus decisiones: ningún partido aceptaría que su programa o sus candidatos fueran definidos por el conjunto de la ciudadanía. Por otra parte, la cantidad de votantes en elecciones nacionales de una fuerza política suele ser mayor -y a menudo es mucho mayor- que el número de sus integrantes formales.
Los afiliados al gobernante Partido Socialista Obrero Español, que son los habilitados para votar en elecciones internas un candidato para las nacionales, suman unos 225 mil, o sea menos de un mísero 4% de los votantes de ese partido en los recientes comicios municipales y autonómicos. No está de más indicar que el porcentaje de adherentes del FA en el total de sus votantes es muchísimo mayor: la legitimidad de los organismos de conducción frenteamplistas es una cuestión de grado.
Aun si se considera indeseable, en las actuales condiciones de participación, la proporción del poder interno que corresponde a los representantes de comités de base, eso no conduce por ningún razonamiento lógico a la consigna “Todo el poder para los grandes líderes”. En las decisiones por votación “a padrón abierto” (o sea, con posibilidad de participar para quienes no mantengan un compromiso estable con el FA), los grupos relativamente pequeños pero muy militantes pueden perder su ventaja, pero eso no significa que todos compitan en igualdad de condiciones: es probable que les vaya mejor a quienes tengan más dinero para hacer campaña y dirigentes más carismáticos.
En definitiva, siempre será muy importante para la izquierda -salvo que renuncie a varios de sus postulados básicos- aumentar el involucramiento en la política de sus votantes. Esto exige reflexionar sobre las causas que llevaron al vaciamiento de las estructuras (incluyendo a las sectoriales) y sobre los incentivos y escenarios que podrían mejorar esa situación. Asuntos que quedan para la tercera y última nota.