“Esto sería algo mucho más duro que un impuesto al agro y tendría connotaciones políticas mayores, de eso no tenemos dudas y por eso queremos que lo debata toda la sociedad, y no sólo el aparato productivo”, comentó a la diaria el diputado socialista, Yerú Pardiñas.
Pardiñas se refería a la propuesta para limitar la propiedad de la tierra, un camino que definió como “el nivel más alto” de medidas que se pueden adoptar para frenar la concentración de la tierra. Según dijo, la idea “todavía está en pañales”, pero se ha manejado en la interna del Partido Socialista (PS) y en el grupo de trabajo parlamentario, que también integran los senadores Ernesto Agazzi y Enrique Rubio, conformado a instancias de José Mujica, para hallar medidas legislativas que frenen la concentración y la extranjerización.
“El límite a la propiedad es una discusión para dar, es algo que Brasil ya tiene, y en Argentina se presentó hace poco un proyecto de ley para hacerlo. Hay que discutirlo con un enfoque amplio, discutiendo de cuántas hectáreas sería el tope y teniendo en cuenta las escalas necesarias en los diferentes rubros productivos”, argumentó.
El representante de Cerro Largo admite que en el rubro forestal limitar la propiedad “puede ser dificultoso”. “Hay empresas que tienen grandes áreas y sus emprendimientos, según la información que ellos están brindando, son viables en función de las extensiones que están manejando. En ganadería tendría que ser otra escala, e incluso habría que separar los establecimientos ganaderos de recría y los de invernada, y en agricultura hay que discutir escalas posibles según la producción”, reflexionó.
Otro problema que está sobre la mesa, según el diputado del PS, es qué pasa con las empresas que tengan extensiones mayores al tope que se termine fijando. “Ahí el debate es si conviene legislar para atrás. En el caso hipotético que definamos que al país no le conviene tener propiedades de más de 5.000 hectáreas en el rubro ganadero, para sacarle a la gente lo que tiene por encima de esa cifra, no queda otra que recurrir a un proceso expropiatorio, que está previsto en la Constitución”, aclaró.
Pardiñas reconoce que es un tema “que va a generar resistencia” y por eso “queremos un debate amplio”. “Hay opiniones disímiles dentro del sector productivo, la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Federación Rural no piensan lo mismo sobre esto”, comparó. El proyecto de establecer una franja fronteriza “de extranjería”, que fue planteado por el ex ministro Agazzi en el período anterior, es otro insumo “que está sobre la mesa” y que el oficialismo “tendrá que ver cómo procesa en este período”, según Pardiñas.
Los legisladores frentistas tienen una idea más avanzada. Se trata de una iniciativa, ya esbozada en un borrador de proyecto de ley, para instrumentar mecanismos complementarios a las autorizaciones de excepcionalidad que pueden plantear las sociedades anónimas para comprar tierras. El 30 de junio vence el último plazo, que no es prorrogable, para que las sociedades anónimas pasen a la modalidad nominativa, y las que aspiraban a quedar afuera del régimen ya plantearon sus argumentos frente al Poder Ejecutivo. “Las sociedades anónimas que quieran estar en la tierra tendrán que solicitar la excepción de la norma, y las que ya están excepcionadas y quieran aumentar su patrimonio tienen que hacer un trámite frente al Ejecutivo, y lo que estamos viendo es que a ese procedimiento se le agrega un estado parlamentario”, señaló.