El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, transmitió ayer en conferencia de prensa la decisión del presidente José Mujica y del Consejo de Ministros de dictar un decreto por el cual se revoque "por razones de legitimidad" todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo en aplicación del artículo 3º de la Ley de Caducidad que consideraron los hechos cometidos en dictadura amparados en esa norma. El jerarca explicó que este decreto se hace en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman. "Estimamos que estamos cumpliendo con un deber ético pero también con lo que establece la sentencia", dijo.
El decreto, que contempla "en el entorno de 80 casos", será firmado el "jueves o viernes". Según indicó Breccia, "pueden existir algunas situaciones particulares que hagan que algunos de los denunciantes que comparecieron oportunamente ante la Justicia pretendan actuar de forma diferente y que sus casos no sean excluidos". En ese sentido, dijo que "aquellos eventualmente interesados pueden expresar una señal discordia" aunque estimó que eso no se producirá. "Pero no queremos actuar en contrario de la voluntad de los interesados", completó. Con anterioridad, el Ejecutivo revocó el caso de Álvaro Balbi a solicitud de su esposa, la actual militante comunista Lille Caruso.
Memoria en blanco
El Directorio del Partido Nacional (PN) recordó ayer los 38 años del golpe de Estado, reafirmando su "compromiso histórico de luchar por la defensa de las libertades públicas y de los derechos humanos en toda su expresión, como forma de contribuir para que nunca más en el país se repitan quiebres institucionales", según señala una declaración. El directorio también resolvió crear un mural en la sede que recuerde a los "servidores del PN en la lucha contra la dictadura por libertad y democracia". "Es un homenaje a quienes sin tener ni disputar ninguna posición, porque no había elecciones, se jugaron por la democracia y sus ideales", explicó Heber, que agregó: "Arriesgaron su vida y la tranquilidad de su familia".
En cuanto a otros aspectos del fallo de la Corte, el secretario de Presidencia explicó que junto con el canciller, Luis Almagro, y el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura se está haciendo "un análisis exhaustivo" a los efectos de cumplirlo en todos sus términos. Adelantó que está previsto "incrementar las facultades" de la Comisión de Seguimiento y que el Ejecutivo solicitó al Ministerio de Defensa Nacional y a la Suprema Corte de Justicia que se habilite el acceso de los archivos vinculados a la dictadura a los investigadores que trabajan en dicha comisión en convenio con la Universidad de la República (Udelar). Se trata de las fichas clínicas de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de las fichas judiciales.
Y la prescripción...
En la explanada de la Udelar se realizó ayer el homenaje convocado “a las cinco en punto” a Ramón Peré, el primer asesinado por la dictadura. El responsable de su muerte, Tranquilino Machado, fue procesado días atrás. En ese marco, el secretario de Crysol, Julio Martínez, señaló que la decisión de Mujica “se miró como algo positivo” y como “un pequeñísimo avance hacia sacudirnos la impunidad”. No obstante, señaló que le preocupa la prescribilidad y advirtió que la revocación no debe depender de “la voluntad de los familiares” porque es responsabilidad del Estado. “El que no quiera, no seguirá el juicio adelante, pero esto no obliga a nadie a hacer el juicio”, añadió.
Durante el acto desarrollado en el PIT-CNT, el dirigente de la central, Juan Castillo, celebró la noticia. “De la misma forma y con la misma franqueza debo decir que el 19 de mayo se nos pegó un golpe anímico cuando miles de compatriotas y centenares de militantes creíamos que estaban dadas las condiciones para que en el mismo lugar, en la misma institución y en el mismo ámbito donde se había aprobado la Ley de Caducidad, el Parlamento tenía la posibilidad de redimirse y, a partir de otra ley, anularla para que la Justicia pudiera actuar”, añadió, en referencia al interpretativo.
Macarena Gelman, presente en el acto, consideró que es “muy importante” la decisión del Ejecutivo aunque no sea “la solución perfecta” pero que “el problema clave es el de la prescripción. “Resta saber cómo será recibido por el Poder Judicial y por el ministerio público”, añadió. En esa dirección se expresó el abogado Pablo Chargoñia: “Puede ser inútil la revocación de los actos administrativos si no se soluciona la prescriptibilidad. El terreno más sensible ahora se juega en el Poder Judicial”.
