La Torre Ejecutiva y el Parlamento fueron los dos escenarios donde transcurrieron ayer las reuniones del gobierno en busca de un acuerdo en torno a la tributación al agro. Primero se reunieron en la Torre Ejecutiva el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori y más tarde en el Parlamento se sumaron otros actores, como el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni. Mujica insistió con su idea de gravar con un adicional de la contribución inmobiliaria a los propietarios poseedores de más de 2.000 hectáreas y destinar esa recaudación a mejorar la caminería secundaria rural, e impondrá su postura en el próximo gabinete productivo. De las propuestas del astorismo aceptó la quita del impuesto a los semovientes y la aplicación de una tasa de circulación vial, indicaron fuentes del Ministerio de Economía.

Pero en la principal discusión respecto al tributo, que consistía en si era mejor gravar la tierra o la rentabilidad, se impuso la visión presidencial y de la OPP por sobre la postura de Astori, los ministros del Frente Liber Seregni y Aguerre. A esto se refirió Mujica ayer en su audición radial de M24. “Se puede creer, y muy honradamente hay gente que tiene esa visión, que desde el punto de vista impositivo lo único que hay que gravar es la renta, y que a mayor renta, mayor contribución. Pero es que, sobre todo en gran escala, las grandes posesiones de tierra tienen un elemento que no se contabiliza, y es la suba de valor”, comenzó a argumentar Mujica. Señaló que la tierra cuadruplicó su valor en diez años, y que esto produce una concentración del ingreso, por lo tanto es razonable que quienes se han enriquecido por el solo hecho de poseer la tierra, paguen. “Nosotros encontramos que es válido si hay una multiplicación constante del valor de ese patrimonio”, justificó.

En cambio, respecto a gravar la rentabilidad, consideró que esto afectaría a entre 4.000 y 5.000 productores -entre ellos “entraría obviamente la agricultura, la lechería, la ganadería, el arroz”-, en vez de los 1.150 que prevé abarcar el impuesto propuesto por Presidencia y por OPP. “No queremos afectar la eventual rentabilidad de los que arriesgan más, más bien creemos que deben pagar los que atesoran más, que no es lo mismo. Los que producen más, los que logran mayor cantidad de valor por hectárea indirectamente benefician al país y a la sociedad toda. No creemos que quienes trabajan más y arriesgan más deban tener mayor presión tributaria”, argumentó.

El diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti consideró que no es adecuado que un arrocero con altos niveles de rentabilidad pero sólo 1.000 hectáreas no pague el nuevo tributo, cuando sí lo pagaría, por ejemplo, un ganadero con más de 2.000 hectáreas y baja rentabilidad.

Mujica se refirió a este argumento en su audición. Indicó que de “todos los argumentos en contra” de su propuesta que recibió hasta el momento “solamente hay uno que nos parece que tiene su importancia, y es que en algún aspecto puede afectar al sector ganadero que tiene grandes extensiones, y estamos contestes de la importancia que tiene la cría ganadera”. Por ello propuso quitar el impuesto a los semovientes. Aceptó también que puede evaluarse eliminar la exoneración del Impuesto de Primaria al sector rural, como propone el astorismo.

El presidente dijo también que no acepta “el argumento de que [el tributo] es un cambio en las reglas de juego”. “La concentración de la tierra de los últimos 20 años es un hecho tangible y palpable”, sostuvo. El nuevo tributo abarcaría a poco más de 1.000 empresas rurales de las aproximadamente 47.000 que existen, que poseen 35% de las hectáreas del país.

Según publicó ayer Búsqueda, Astori hizo saber que la última palabra en este tema la tendrá el presidente, y Mujica destacó en conversación con sus allegados la actitud “frentista” del vicepresidente. Fuentes del Frente Liber Seregni aseguraron a la diaria que la posición de los ministros de ese sector en el gabinete es que en el Parlamento se respalde en forma unánime el proyecto que el Ejecutivo envíe al cuerpo legislativo.