El presidente de la SCJ explicó que el fallo de la corte obliga al Estado uruguayo a dictar cursos de capacitación permanente en Derechos Humanos referidos a casos de desaparición forzada. Concretamente, el texto establece que “el Estado debe implementar, en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas permanentes sobre Derechos Humanos dirigidos a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial del Uruguay, que contemplen cursos o módulos sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas y de sustracción de niños y niñas”.
Pasaje cuestionado
A la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda asistieron también ayer representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y Presidencia. La Rendición de Cuentas transforma 191 contratos de arrendamiento de servicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos internacionales en contratos temporales de derecho público, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2014. Las autoridades de la OPP y de la ONSC argumentaron que si bien las personas fueron contratadas por organismos internacionales, de hecho existe una relación real de trabajo para el Estado.
La oposición entiende que se trata de "contrataciones ilegales" porque las personas no fueron seleccionadas por el Estado, y, por lo tanto, no pasaron por el sistema estatal de reclutamiento y concurso.
Van Rompaey explicó que debido a la “trascendencia” que tienen estos cursos y “el nivel de capacitación técnica que exigen” es necesario contratar a expertos uruguayos y extranjeros. El magistrado hizo notar que la sentencia dispone específicamente que el Estado debe aportar los fondos presupuestales para tal fin, aunque aclaró que el Poder Judicial “cumplirá” con la sentencia “de una manera u otra, bien o mal”. La SCJ solicita tres millones de pesos anuales para organizar estos cursos.
Durante la discusión del tema en la comisión, los legisladores del Frente Amplio plantearon que no son partidarios de incrementar el gasto porque quieren respetar lo propuesto por el Poder Ejecutivo, pero acotaron que estarían dispuestos a una reasignación de recursos dentro del Poder Judicial. El legislador nacionalista Pablo Abdala, en cambio, se mostró dispuesto a apoyar el refuerzo presupuestal para cumplir con el fallo, posición que los frenteamplistas juzgaron contradictoria. “Dicen que no es necesario cumplir con el fallo porque antes están los pronunciamientos populares y la soberanía del país, y ahora parece que están preocupados por cumplir con el fallo”, señaló el socialista Gustavo Bernini.
Los nacionalistas, en cambio, entienden que es el FA quien incurre en contradicciones. “Es insólito que el gobierno no haya incluido ese artículo [con la solicitud del Poder Judicial]. Es una contradicción decir que hay que cumplir con el fallo de la corte y no darle los recursos al Poder Judicial para eso”, opinó el diputado Jorge Gandini.
En la comisión también se le preguntó a la SCJ sobre la creación de un Ministerio de Justicia, pero Van Rompaey explicó que el organismo no ha podido tratar el tema aún.