La comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados analizó ayer los cambios incluidos en la Rendición de Cuentas sobre el sistema de compras estatales. En un total de 43 artículos el Ejecutivo propuso modernizar el sistema de compras dotando de mayor agilidad, control y transparencia las compras estatales.
Diputados de la oposición consideraron que las modificaciones son “interesantísimas” pero reclaman que se voten aparte de la Rendición de Cuentas, mientras que desde el oficialismo se argumenta que “no es incompatible” aprobar esta reforma junto a la rendición. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el secretario y prosecretario de Presidencia, Alberto Breccia y Diego Cánepa, respectivamente, y los directores de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Gabriel Frugoni y Elena Tejera, se presentaron ayer ante la comisión el sistema.
Cuestión de horas
En la tarde de ayer el Ministerio del Interior presentó su Rendición de Cuentas en la comisión. Uno de los temas sobre los que consultó la oposición fue la reubicación de la Dirección General de Información e Inteligencia, que pasa de depender, como todas las direcciones generales, del director de Policía, a depender directamente del ministro del Interior. “Debería irse por el camino de repensar toda la Inteligencia del Estado y establecer controles muy severos del Parlamento, sin perjuicio de la reserva con la que debe actuar”, consideró el nacionalista Pablo Abdala, quien explicó que al no depender de la estructura, los controles parlamentarios al cargo son más indirectos.
El diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky (Vamos Uruguay) también consideró “graves” las afirmaciones del ministro Eduardo Bonomi sobre el mal funcionamiento del servicio 222. El diputado explicó que el jerarca dijo que “desconocía” si efectivamente todas las horas contabilizadas del servicio 222 se hacían, y no descartó que se hagan horas que no estén contabilizadas. “La segunda opción puede ser a través del famoso 223, un sistema informal por el cual los policías tienen contratos por fuera del ministerio”, arriesgó Gloodtdofsky, que dijo que es un “tema grave” ya que en la contabilidad “algo no está bien”.
“Busca efectivizar los principios de transparencia, eficiencia, rapidez y fundamentalmente de economía para el Estado, que gasta sumas extraordinarias de dinero en las adquisiciones que realiza y cualquier ahorro significa millones para el erario público”, destacó Breccia, que explicó que como los procesos de compra son largos, eso se paga en los precios.
El articulado modifica la forma de publicitar los llamados, licitaciones y remates, agregando los sitios web como medio de comunicación; multiplica por 2,5 los límites aceptados para realizar compras directas o llamar a licitaciones abreviadas (establece en 250.000 pesos el límite para compras directas y en 30 millones de pesos el tope para las licitaciones abreviadas) y se incorporan mecanismos que permitirían compras más baratas, como la “puja a la baja” o la subasta. También se habilita la posibilidad de que varios organismos estatales hagan convenios marco y compren juntos, consiguiendo mejores precios.
“El estilo de los cambios parece interesante, hay procedimientos que tienden a dar más flexibilidad a los procesos de compra, que pueden generar ahorro y aumentar la eficiencia”, destacó el diputado nacionalista Pablo Abdala (Corriente de Acción Renovadora, Partido Nacional). Sin embargo, desde la oposición sí se cuestiona la forma como el Ejecutivo envió el proyecto, ya que entienden que por ser un cambio “de magnitud, parece lógico darse el tiempo necesario y recabar todas las consultas técnicas necesarias para estudiarlo, no en el marco de la Rendición de Cuentas”. Tanto Abdala como el diputado Iván Posada (Partido Independiente) y Jorge Gandini (Alianza Nacional, PN) reclamaron que los articulados referidos a compras se desglosen y se voten en un proyecto de ley aparte.
“Es interesantísima la modificación, pero necesitamos un informe técnico del Tribunal de Cuentas, la opinión de la Auditoría Interna de la Nación y de la Cátedra de Derecho Administrativo”, planteó Gandini, lo que, en el marco del estudio de la rendición -que tiene un plazo de 45 días en cada cámara- no es posible. “Cambia el sistema de compras para la administración central, para las empresas públicas, los entes autónomos, las intendencias, no lo podemos sacar en una sesión de dos horas”, reclamó.
El diputado Gustavo Bernini (Partido Socialista, FA) explicó que se analizó la posibilidad entre los diputados oficialistas, pero en principio se descartaría. “Los antecedentes indican que todos los artículos de compras del Estado, desde el TOCAF en adelante, se hicieron en el marco de rendiciones de cuentas, así que no es para nada incompatible”, opinó. “Es un tema político, si lo quieren discutir saldrá bien, si no el FA nos pasará por arriba”, dijo Gandini.