El Comité Ejecutivo del PCU había resuelto en la noche del lunes que la reiteración, por parte del diputado informante, de que la ley de PPP prohíbe la enajenación del patrimonio público no era un cambio suficiente que facilitara su voto favorable. El PCU reclamaba que dicha salvaguarda se incluyera en el articulado, un reclamo que no fue aceptado por el resto de los sectores del FA. Además de resolver que Dávila no ingresaría a sala (desde la semana pasada el diputado ya le había adelantado esa posibilidad a su suplente, Elsa Hernández), el PCU asegura en su resolución que impulsará “una gran movilización popular a lo largo y ancho del país donde haremos pública nuestra posición sobre esta ley”. Ayer, la MSCE emitió una declaración en la que mantienen su rechazo a la ley de PPP y llaman a “mantenerse alerta en la aplicación de la misma, promoviendo las acciones necesarias para la defensa del patrimonio”.
En paz
Tal como se había acordado en la Mesa Política del FA, el miembro informante del proyecto, el diputado Gonzalo Mujica (MPP, FA), explicó cuáles fueron las modificaciones realizadas en el Senado y dejó constancia de que la ley “en ningún caso sería utilizada para enajenar el patrimonio de las empresas públicas”. Recordó para qué áreas se puede usar la ley y para cuáles no y leyó las palabras del senador Héctor Tajam (MPP), que en el Senado también aseguró que la ley no permite “asociación con privados”. Pero en ese entonces ya no estaba presente Dávila.
Hasta ese momento la sesión parecía continuar en calma, pero al momento de votar las licencias -entre ellas la de Dávila- el diputado Javier García (Alianza Nacional, Partido Nacional) votó en contra. “Esa licencia participa de la discusión de fondo sobre el proyecto de ley”, aseguró García cuando ya comenzaban a agitarse en la bancada del FA. El diputado blanco aseguró que el pedido de licencia de Dávila forma parte de una "componenda política que no estoy dispuesto a avalar, por la cual se canjeó un cargo en el gabinete por el retiro de sala de un diputado”.
Ruta de salida
Además de la norma de PPP, los diputados también aprobaron ayer un proyecto de ley destinado a los trabajadores de la ex fábrica de cerámicas Metzen y Sena, de Empalme Olmos, que permite que quienes estén en seguro de paro puedan tener otro trabajo. Mientras dure ese empleo no recibirán el subsidio, pero podrán cobrarlo una vez terminada esa relación laboral si el trabajo no duró más de 90 días.
Desde el FA los dichos de García generaron la defensa a Dávila. El diputado Esteban Pérez (MPP) destacó la “nobleza e hidalguía” del PCU y de su diputado, y Óscar Groba (Espacio 609) se encargó de “desagraviar las acusaciones al compañero Dávila, al histórico PCU, al FA”. El coordinador de la bancada oficialista, José Bayardi (Vertiente Artiguista), también reivindicó la “actitud política” de Dávila. “A esta fuerza política la trajo hasta acá el instrumento de la unidad de acción política. Lo reivindicamos como un rasgo de nuestra identidad”, dijo, y aseguró que ese principio “ha sido respetado plenamente por el compañero Dávila”. Haciendo su interpretación de la interna frenteamplista, el diputado Jorge Gandini (AN, PN) consideró que la negativa del PCU a votar el proyecto de ley de PPP se debió a que no se votó la anulación de la Ley de Caducidad. Según Gandini, “mientras en el Senado avanzaba la anulación, en Diputados no tenía objeciones de fondo el proyecto de ley de PPP, pero luego no se aprobó la anulación y rápidamente empezaron a aparecer reivindicaciones del PCU. Se rompió algo que reposaba en un equilibrio entre la política económica y la anulación de la Ley de Caducidad”, afirmó.
Vieja historia
La interna oficialista ocupó la primera parte de la discusión, que luego se convirtió en un debate sobre lo que para la oposición fue un cambio de posicionamiento del FA frente a la Ley de Empresas Públicas de 1992. Desde las barras de la cámara unas decenas de manifestantes de Asamblea Popular y de la MSCE atendían el debate. Para el diputado Pablo Abdala (Corriente y Acción Renovadora, PN), con la aprobación de la ley “se termina una discusión ideológica de 25 o 30 años”, en referencia a que el FA “entendía que los privados no podían intervenir en nada estatal”. “Quienes sostuvieron que nada de esto podía ocurrir asumirán que se equivocaron, que eso pertenece al pasado”, aseguró. Gandini, por su parte, reclamó que esta ley “se podría haber votado 20 años atrás”, y que en este tiempo “perdió el país”.
Desde el FA, el diputado Alejandro Sánchez (MPP) respondió que “hace 20 años trajeron otra ley, que era privatizar, enajenar el patrimonio público”, y destacó que no fue el FA “sino el pueblo el que dijo que no”. Cuando hablaba Yerú Pardiñas (Partido Socialista, FA), quienes ocupaban las barras comenzaron a agitar la sesión al grito de “traidores, traidores”, mirando a los legisladores del FA. También entonaron “acá están, ellos son, los que venden la nación”, mientras eran desalojados por funcionarios del Parlamento.
El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay, FA) leyó partes del programa de gobierno del FA en relación al “fomento de la inversión privada”, para concluir. “No es nada novedoso que el Poder Ejecutivo plantee este proyecto”. Doreen Ibarra (Fidel, aliado electoral del PCU) reafirmó que la ley no implica la enajenación de patrimonio público, mientras que la suplente de Dávila, Elsa Hernández, del sector liderado por Raúl Sendic, Compromiso Frenteamplista, aseguró que era un “orgullo” poder votar un proyecto que permitirá “el desarrollo del país productivo”.