Según Almagro, este tipo de tratados no obstaculizan una eventual expropiación que permitiese la estatización del hierro en caso de ser necesaria. El canciller dijo que este tipo de procedimientos son "estándar", y que "si no está establecido en el acuerdo, de todas maneras se aplicaría por el derecho internacional consuetudinario, y si tampoco eso fuera suficiente, está además contemplado en la Constitución de la República". En la misma línea se expresó el senador Enrique Rubio (Frente Amplio, VA) tras la comisión: "Las posibilidades de que el Estado expropie están garantizadas por el artículo quinto, y además lo están por el derecho consuetudinario internacional y por el artículo 32 de la Constitución de la República".
Mucho mucho ruido
Ayer, en declaraciones al programa No Toquen Nada de Océano FM, el gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano, destacó que el proyecto de la minera "sigue adelante", aunque "cambia la velocidad". Según afirmó, existen empresas interesadas en industrializar el hierro en Uruguay que "son las que se han mostrado preocupadas por este nivel de ruido político". Puntigliano aseguró que su firma tiene relaciones "completamente buenas" con el gobierno, pero también confesó que la primera propuesta del presidente Mujica de realizar un plebiscito consultivo sobre Aratirí "efectivamente no se entendió y llamó la atención". El representante de la empresa afirmó que desde el exterior "también llamó la atención que un diputado conservador hablara de la nacionalización del hierro". "Me parece normal y lógico que los uruguayos discutamos sobre estos temas pero desde el exterior resulta muy extraña esta discusión sobre un emprendimiento que es normal en Australia, en Canadá, en Suecia, en Alemania, donde en realidad existe la minería a cielo abierto a mayor volumen”, afirmó.
El canciller informó que el proyecto de Zamín Ferrous, por tener su casa matriz en el Reino Unido, sí estaría comprendido en un tratado de protección de inversiones con el Reino Unido, firmado en 1997, y cuya forma es similar a la que presenta el qu se pretende firmar con la India. Almagro dijo que el caso de Zamín Ferrous es "diferente al de UPM", porque en ese caso el "acuerdo de inversión era una condición sin ecuanum para instalar la planta, pero aquí ninguno de los interesados del proyecto minero pidió la firma del tratado de inversiones, ni su aprobación parlamentaria en el momento actual".
Ayer, el diputado José Carlos Cardoso, promotor de la "nacionalización" del hierro, afirmó que el Partido Nacional no obstaculizará la votación del tratado de protección de inversiones con la India. El legislador, que acudió a la comisión supliendo a Luis Alberto Heber, destacó que "el gobierno dice que nada de los tratados de protección de inversiones impide discusiones como las que estamos dando en el Uruguay".
Según informó Rubio, el tratado con la India había sido firmado en 2008 por el entonces canciller Reinaldo Gargano y cuando iba a ser votado en el período pasado, el senador Sergio Abreu hizo algunas objeciones sobre los alcances de lo que se entendía por "territorio uruguayo". En este período legislativo se volvió a ingresar el tratado al parlamento, fue votado hace pocos días en la comisión, pero, a pedido del Partido Nacional, se optó por reconsiderar el tema. "Creo que esto fue una picardía política, pero las explicaciones fueron tan contundentes que vinieron tres ministros y más de 20 asesores, y la sesión duró media hora", evaluó Rubio sobre la situación.
Debate abierto
Rubio entendió que la propuesta de Cardoso de nacionalizar el hierro ha generado “confusión”. Tanto este senador como Kreimerman explicaron que el mineral ya pertenece al dominio del Estado, que lo que hace es cobrar un canon por su explotación. Cardoso, por su parte, dijo que entregó tres borradores al gobierno en donde se establecen posibles procedimientos para la “nacionalización”. Las propuestas pasan por modificar el tipo de mineral que constituye el hierro, pasándolo del tipo “tres” al tipo “uno” en el código minero, lo que significa que pase de ser de explotación común por particulares en las condiciones que el Estado establezca, a que sólo el Estado pueda extraerlo; o bien mediante una ley para definir el proceso de su nacionalización, con las indemnizaciones correspondientes. “Seguiría la empresa trabajando, pero en vez de que nosotros les cobremos un canon a ellos, nosotros se lo vamos a pagar a ellos por la extracción”, especificó y agregó, “por eso el presidente José Mujica habla de un 50 y 50”.
Pero la idea del “fifty-fifty” no causó adhesión en los colorados. El senador José Amorín entendió que “hay que pedir a la empresa lo más que pueda y también que le sirva al negocio de la empresa, pero lo del fifty-fifty es un acto de irresponsabilidad. Esto hay que hablarlo en serio, discutir y conversar a fondo del tema, buscando el mayor beneficio para el Uruguay”. Respecto a la comisión, dijo encontrarse “absolutamente conforme por las explicaciones de los ministros, y aseguró que votará el tratado.