El tema ya había sido abordado por el presidente José Mujica hace algunas semanas en su audición en M24. “Por el hecho de ser incapaces de transformar y de aggiornar el derecho público a los cambios que la vida nos impondría, los orientales, ni cortos ni perezosos, hemos comenzado a darle respuesta en los hechos construyendo una especie de estadito paralelo, haciendo florecer un conjunto enorme de instituciones públicas pero de derecho privado”, dijo Mujica el 18 de agosto. “Mientras tanto, remendamos la situación multiplicando las distintas agencias públicas de derecho privado. Son tantas, que una de las cosas pendientes que tenemos que hacer de manera inmediata es darnos una forma jurídica que nos permita medianamente controlarlas, cosa que muy pálidamente hacemos hoy”, agregó, adelantando que eso es “tarea para la guerra”.

El proyecto de ley anunciado por Gandini y Larrañaga todavía no fue formalmente presentado en la Cámara de Diputados, pero ingresará en la próxima sesión ordinaria, contó el diputado nacionalista, que hasta el momento recibió “comentarios positivos” sobre la idea pero no respuestas acabadas sobre el texto, que no circuló aún.

El diputado Alejandro Sánchez (MPP), integrante de la comisión de Hacienda, explicó que el tema planteado en el proyecto de ley “es parte de una preocupación” en el MPP. Si bien Sánchez considera que “hay empresas estatales que tienen que trabajar en el marco del derecho privado” y eso “no es mala palabra”, compartió la idea de que deben existir determinadas garantías para su funcionamiento “porque usan recursos públicos, y habría que establecer algún tipo de control democrático sobre ellas”.

No obstante, enfatizó que se debe encontrar un equilibrio entre la necesidad de controlar estos organismos y la necesidad de que funcionen con eficiencia. Una discusión parecida tuvo lugar en Diputados al votar, en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, cambios en el sistema de compras estatales. “En ese caso hablábamos de un cambio de paradigma, de pasar a los controles ex post en lugar de los controles ex ante, porque todos los controles en el Estado se hacían antes del gasto, y eso termina enlenteciendo los procesos. El tema es que las garantías no sean un impedimento para la eficiencia”, resumió.

Consideró que el proyecto de ley de AN “puede ser interesante si puede poner sobre el tapete estas cosas”, y aseguró que desde el MPP hay disposición para estudiar el tema: “Ahora que hay una propuesta arriba de la mesa y que es un tema clave que hay que trabajar, nos vamos a poner las pilas”.

Sin embargo, el legislador dijo que no está convencido de que la situación “se arregle con una ley”, ya que si bien se pueden establecer obligaciones a las empresas públicas no estatales o a los representantes del Estado en ellas, “no hay un instituto especializado que pueda ejercerlos”. Sánchez dijo que el Tribunal de Cuentas (TCR) -organismo al que le da competencia el proyecto de Gandini- “se dedica a controlar la legalidad del gasto, no si la empresa es eficiente o no, y no entra en su análisis el estudio de variables de buena gestión”. Además, recordó que el TCR “ha manifestado que tiene problemas de funcionamiento y de recursos humanos para poder controlar al Estado”. “Eentonces no sé si le agregamos un problema” al sumarle también el control de estos organismos paraestatales, indicó.

En ese sentido, consideró que la tarea de control debería estar en manos de un organismo nuevo, independiente del Poder Ejecutivo, que tendría como objeto controlar la legalidad del gasto de las empresas públicas en derecho privado pero, a su vez, controlar la eficiencia. “Deberíamos ir por el camino del medio, en un equilibrio entre los controles y la eficiencia y la agilidad”, manifestó.

El diputado Gonzalo Mujica (MPP) ratificó que en la bancada de su sector se concluyó que “es un tema al que hay que entrarle” y contó que comenzó a juntar material para pensar en una salida. “El tema en sí mismo es una inquietud compartida, pero no sé si la solución va por la misma línea”, dijo en referencia al proyecto de ley de AN.

En julio, el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, también se había manifestado al respecto en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados. En ese entonces dijo que el contralor de “todas aquellas personas públicas de derecho privado que se han ido creando por una necesidad de gestión que tiene el Estado y que, muchas veces, se ve constreñida por normas de derecho público” era también “inquietud de este Poder Ejecutivo”. “Estamos trabajando en ese sentido”, aseguró Breccia.