El embrollo que enreda a funcionarios del gobierno, políticos, empresas, clubes deportivos que en los papeles carecen de fines de lucro al igual que la Asociación Uruguaya de Fúbtol (AUF), medios de comunicación, periodistas, abogados y contadores, entre muchos otros etcéteras, es un caso ejemplar de falta de transparencia en el sector privado y de discordia en el público.

Como es habitual, lo que más le interesa al público no es lo más importante. En estos días resultó muy interesante la compleja negociación por los derechos de televisación de los partidos por la fase clasificatoria del Mundial FIFA 2014, trama tejida en torno de Francisco Paco Casal, hombre de ocupaciones tan diversas que la prensa optó por compendiarlas en la palabra “empresario”.

Una trama de hilos finos como los trajes que viste el personaje y gruesos como su gusto para elegir los colores, que incluye una opaca “cláusula de prioridad” o “de preferencia”, supuestas presiones y amenazas, intimaciones, transferencias de jugadores de fútbol, la medición de “mamaderismos”, contratos firmados o por firmarse, dictámenes de abogados, consultoras y organismos públicos y mucha, muchísima plata, incluida la que, según la Dirección General Impositiva, le debe Casal al fisco.

En esto juega la oferta y la demanda, porque nadie ofrece un peso por los derechos de televisación de clases universitarias, de sesiones parlamentarias, del gabinete, de los directorios de entes y servicios descentralizados, de las convenciones y comités ejecutivos de los partidos políticos ni de las mesas representativas de sindicatos o corporaciones empresariales. Y eso que en esas reuniones se juega el futuro del país mucho más que en una final del Mundial FIFA en caso de que la selección uruguaya llegue a disputarla.

En resumen, el Consejo Ejecutivo de la AUF dejó para último momento la firma de un contrato por la asignación de los derechos de televisación de las eliminatorias, lo cual podría corresponder a la práctica común de dilatar la negociación para presionar a la contraparte. Tenfield, la empresa de Casal, y sus aliados pretenden, a su vez, renovar su ventaja frente a la competencia para acceder a los mismos derechos pero para el Mundial FIFA que se disputará en Río de Janeiro dentro de tres años.

Como el fútbol apasiona a los uruguayos, mueve enormes recursos y cumple cierto rol en la educación social y física de miles de niños, niñas y jóvenes (dejando de lado abusos como el tradicional “¡quebralo, pelotudo!”), es lógica la preocupación de los medios por este choque. La caricaturesca imagen pública de los agonistas les facilita la tarea a los periodistas. Todo esto explica por qué su atención se ha concentrado en este conflicto en estos días. Pero no ayuda a comprender por qué importantes figuras del gobierno han terciado en una negociación entre particulares que, a su vez, también procuran la ayuda del Estado.

Estas intervenciones son fuente de desagradables suspicacias, sobre todo porque reflejan un enfrentamiento más entre dos sectores del oficialismo: los encabezados por el presidente José Mujica y por el vicepresidente Danilo Astori.

Mujica se resistió durante meses a recibir al presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, y no quedó claro el apoyo que le ofreció en esa oportunidad. Su sonado almuerzo con Casal (quien llegó a organizarle y a financiar un viaje a España) y su vínculo cercano con Gustavo Torena, empleado de Tenfield más conocido por su actuación como el Pato Celeste, permite que su resistencia a “disponer recursos para meter en el fútbol” con el fin de zanjar el conflicto pueda atribuirse tanto a un interés por beneficiar a la empresa como a sus convicciones.

Por el otro lado, el ministro de Deporte, Héctor Lescano (del Frente Liber Seregni que lidera Astori), postuló “la posibilidad de que el Estado […] se quede con los derechos de televisación”, pero luego atemperó sus dichos. El diputado Jorge Orrico, del mismo sector, completó la idea al proponer el miércoles que el gobierno “invierta” fondos públicos para comprar esos derechos, lo que consideró un “excelente negocio”. A eso se suma el pronunciamiento contra las pretensiones de Tenfield, sin carácter de sentencia obligatoria, de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía, coto del vicepresidente Astori, la cual analizó el asunto “de oficio” y “ante versiones periodísticas […] y diversas consultas” informales.

Bauzá y Lescano se manifestaron preocupados por “el derecho de los ciudadanos a ver los partidos”, y aseguraron que Mujica comparte esa preocupación. Pero la consagración de otros derechos muy rezagados frente a éste merece más atención de la prensa y del gobierno. De todos modos, eso no le sirve de excusa a Mujica para llevarle la canastita al lobo: la AUF hizo el mandado durante un par de décadas, y así le fue. La abuelita está en otro lado.