El fiscal Diego Pérez solicitó a la jueza Fanny Canessa el procesamiento del ex intendente de Montevideo Mariano Arana, de la ex secretaria general de la comuna María Julia Muñoz y del ex director de la intendencia Alberto Rosselli, por los delitos de fraude, concusión y abuso de funciones, en calidad de coautoría. Por estos mismos delitos fue procesado en 2007 el ex director general de Casinos municipales Juan Carlos Bengoa.

El dictamen se conoció ayer a través de la prensa, cuando sólo había sido notificada la abogada de Muñoz, Cecilia Salom. El abogado de Arana, Daoíz Uriarte -actual vicepresidente de OSE-, se enteró ayer y, probablemente, hoy será notificado el abogado de Rosselli, Diego Camaño. La resolución no se conoció públicamente porque la causa -que es una derivación del caso Bengoa pero no forma parte del mismo expediente- está en etapa presumarial y, por lo tanto, en reserva.

El denunciante es el ex edil colorado de la capital César García. “El tema es que acá todos se visten con la ropa de otro, pero la denuncia original es mía y así está caratulada. Al juzgado fui, por lo menos, ocho veces por esta causa”, dijo a la diaria.

Ayer de tarde, García todavía no había sido notificado, pero estaba conforme con los argumentos que habían trascendido. Según su opinión, las responsabilidades del intendente por estas irregularidades son “subsidiarias del cargo que ejerce”. “El titular de la gestión es él, no puede sacarse responsabilidades”, manifestó.

Tanto Arana como Muñoz y Rosselli aseguraron sentirse “sorprendidos” por el pedido de procesamiento, pero al mismo tiempo expresaron “tranquilidad” y “confianza” en la Justicia. Arana confesó que “no podía entender los déficit que se iban generando”, pero afirmó que nunca tuvo “la menor idea de si había habido las irregularidades que la Justicia parece haber comprobado”. Enfatizó que tiene “la conciencia limpia en el manejo de dineros públicos y privados”.

En tanto, Muñoz sentenció que le parece un “disparate” el dictamen y que siempre concurrió en calidad de testigo y no de indagada. Fuentes cercanas al fiscal apuntaron a la diaria que el único requisito para solicitar el procesamiento de una persona es que se la interrogue ante un juez y concurra con un abogado defensor, y tanto Arana como Muñoz cumplieron con ambos requisitos.

En su escrito el fiscal sostiene que los ex jerarcas estaban en conocimiento de las maniobras de Bengoa, basándose en una nota en la que el ex director de Casinos les informa sobre una nueva estrategia de negocios basada en el arrendamiento de tragamonedas. Bengoa también menciona en esa nota la refacción del Casino Parque Hotel y la licitación que se llevaría a cabo posteriormente y esto configuraría, a juicio del fiscal, la coautoría de concusión.

Para el abogado de Arana, esto es “un disparate desde el punto de vista jurídico”. “Las menciones que hace el fiscal violan principios de derecho”, sentenció. Manifestó a la diaria que para los tres delitos por los cuales el fiscal pide el procesamiento, es necesario que exista una “responsabilidad subjetiva”, esto es, intención de dañar. “Estos delitos sólo se pueden cometer con la intención de hacerlo. El propio fiscal pone que la omisión en controlar a Bengoa los hace coautores del delito, eso es un disparate. Suponen que como Arana y Muñoz estuvieron de acuerdo con la estrategia, y la estrategia le permitió a Bengoa cometer las irregularidades, entonces serían responsables, y eso es ridículo”, remarcó. Acotó que el fiscal no tiene pruebas para sostener que hubo intención por parte de Arana y Muñoz de beneficiarse o beneficiar a un tercero.