Mientras el Frente Amplio (FA) comienza a discutir en qué medida debería revisar sus acuerdos ideológicos y programáticos, una encuesta de la empresa Cifra, realizada por teléfono del 19 al 28 de agosto, cuyos resultados se divulgaron el martes 13, indica que 52% de los consultados en Montevideo expresó su desaprobación a la gestión de Ana Olivera en la Intendencia de Montevideo (IM), bastión político del oficialismo y primer cargo ejecutivo al que accedió por la voluntad de la ciudadanía en 1989, con un mandato reiterado luego en otras cuatro elecciones consecutivas.

Según lo informado por Cifra, la aprobación a Olivera se ubicó apenas en 28% y, cuando se preguntó a los encuestados si opinaban que sus barrios estaban mejor que hace cinco años, las respuestas afirmativas fueron sólo 36% en lo referido a la iluminación, 33% en relación con el estado de las calles y 26% en limpieza.

No hay duda de que 21 años de gobierno ininterrumpido agravan muchos problemas, ya que, por un lado, implican un desgaste de la capacidad de propuesta y crean inercias, mientras que, por otro, determinan que disminuya la tolerancia de la población -incluso entre los oficialistas más entusiastas- ante las deficiencias de la gestión. También hay que tener en cuenta que los cargos de responsabilidad en la IM dejaron hace tiempo de ser los más jerarquizados por el FA.

Pero en el conjunto de factores que inciden para que el desempeño sea insatisfactorio juega también, con peso nada menor, lo ideológico. Sin una revisión honda de lo que significa “defender los intereses de los trabajadores”, o del modo en que se afrontan las situaciones de pobreza y exclusión social, es inevitable que las relaciones con los empleados municipales o con los recolectores de residuos por cuenta propia, se compliquen por el lastre de culpas izquierdosas, y que eso perjudique a la mayoría de la población.

Por cierto, las cuestiones ideológicas a revisar no se vinculan solamente con la persistencia de nociones presuntamente izquierdistas. Si se considera el estado de las calles montevideanas en relación con el mapa del departamento, no parece que la idea sea privilegiar a los más infelices. Si se revisan las políticas para el transporte colectivo, desde 1990 hasta la fecha, queda claro que los intereses de las empresas y, en especial, los de la mayor de ellas, han sido mucho más contemplados que los de los usuarios. O que “el interés general” sin representantes corporativos, por ejemplo en lo relacionado con el cuidado del ambiente, a menudo es el último de la fila.

El ex presidente Tabaré Vázquez señala en sus “Apuntes preliminares referidos a la eventual actualización ideológica del Frente Amplio”, presentados el 25 de agosto en el comité de base Cuaró, que ser ciudadano significa hoy la capacidad de “participar activamente en los flujos de información y conocimiento [...] para adaptarse a nuevos procesos de organización y gestión de los asuntos de la sociedad”. Ha sido escaso el aporte de herramientas para ello de la intendencia montevideana, que ni siquiera ha logrado poner a disposición del público los horarios de los ómnibus.

Es posible que el FA presente una candidatura potente a la IM en 2015, pero eso no bastará para ponerlo en mejores condiciones de gobernar. En ese sentido, es muy cierto lo planteado por el vicepresidente Danilo Astori en un artículo de opinión que se dio a conocer el martes, titulado “Ideología y estructuras”: no se trata de “reducir todo a los liderazgos y las formas electorales de esos liderazgos o hegemonías”.