La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, fue recibida ayer por la Mesa Política del Frente Amplio (FA) que, además, avanzó en la discusión de cómo se acatará el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La jefa comunal defendió su administración en materia de limpieza de la ciudad y de los proyectos sociales para “atacar la exclusión”. La visita de Olivera a la Mesa había sido planteada por el Movimiento de Participación Popular (MPP) aunque para entonces, el presidente del FA, Jorge Brovetto, ya la había convocado.

Como resultado, la Mesa emitió una declaración “unánime” de respaldo al accionar de la jerarca y de su gabinete, en base a “la existencia de un Programa Político que da respuestas eficientes y sustentables a los problemas más sensibles de los ciudadanos de Montevideo, haciendo foco en el desarrollo de políticas de inclusión para aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”. Por otra parte, se rechazó “la campaña de hostigamiento y desinformación sobre la gestión municipal llevada adelante por la derecha”.

Asimismo, se resolvió conformar una comisión dentro del FA que tendrá como cometido presentar el 4 de octubre a la agrupación departamental de gobierno un plan de acciones concretas desde el punto de vista de la comunicación que vincule la fuerza política con la gestión de Olivera.

En otro orden, se aprobó una declaración de seis puntos elaborada en base a un borrador de la comisión del FA que estudia qué hacer con la Ley de Caducidad y cómo cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Mesa ratificó “las decisiones y posturas históricas” tomadas por los diferentes órganos de conducción del FA y se comprometió a “realizar los máximos esfuerzos para impulsar las iniciativas necesarias a fin de terminar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la dictadura en cruel aplicación del terrorismo de Estado”.

También compromete su apoyo a las familias que lo padecieron mediante la comisión de abogados especialmente designada al efecto, y a “continuar trabajando para que nunca más se vuelvan a repetir”. En ese sentido, se reitera “el convencimiento de que los crímenes cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles” y se exhorta “a todo aquel que posea información sobre el particular a ponerla en conocimiento de la Justicia para que ésta trabaje en el esclarecimiento de estos hechos”.

No obstante, en el punto dos de la declaración se reconoce que dentro del FA “persisten diferentes visiones sobre los instrumentos a utilizar para alcanzar las soluciones de fondo” aunque “la opinión general sobre el tema sigue siendo compartida”. A su vez, respalda lo actuado por el gobierno de Tabaré Vázquez, quien excluyó casos de la Ley de Caducidad, y por el de José Mujica, por el relevamiento y publicación de los 135 casos de violaciones a los derechos humanos que se hallan en el Poder Judicial y por las decisiones de “divulgación y reconocimiento de los padecimientos sufridos por muchos uruguayos”. Al mismo tiempo, sugiere al actual Poder Ejecutivo “la apertura total de los archivos existentes en todos los organismos del Estado referentes a este tema”.

Previo a la reunión de la Mesa Política, Brovetto recibió ayer a una delegación del PIT-CNT. “Nos corroboró que Mujica le dio el visto bueno para que continuara en el trabajo de constituir una solución legislativa”, señaló a la diaria el dirigente Raúl Olivera. Esto se suma, agregó, a que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, con quien se reunieron el viernes, aseguró que ese organismo cumplirá con la sentencia de la CIDH. “Pero también dijo que sería bueno que hubiera una ley que unifique criterios. Son elementos alentadores. Se entra en una etapa de definiciones que es bastante auspiciosa”, concluyó.