Sesionó ayer en Montevideo, por primera vez en 2012, el Congreso de Intendentes (CI) y se abocó exclusivamente a la implementación del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehículares (Sucive), que parece haber puesto fin a la denominada “guerra de patentes”. El foco estuvo puesto en las denuncias de inequidades en el cálculo de los valores de cobro que los contribuyentes de distintos departamentos hicieron llegar a las intendencias correspondientes.

El CI resolvió ayer conformar una comisión de trabajo integrada por técnicos de los tres partidos para analizar si en esos casos el monto elevado de la patente es una “injusticia tributaria” y reajustar los valores, o si, en cambio, es un perjuicio fiscal. De esta decisión también fueron partícipes el coordinador del Área Territorial de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Cabrera, y el director general de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Apezteguía, quienes estuvieron presentes en el encuentro.

El consejero del CI, César García, designado como integrante de la mencionada comisión en representación del Partido Colorado (PC), explicó a la diaria que los casos que arrojaron “valores elevados” son entre 5.000 y 6.000 en todo el territorio nacional y que todos éstos se “bloquearán” hasta que los técnicos se pronuncien. Esto significa que no se emitirá la facturación hasta que se ajusten los valores de las patentes a un aforo real de mercado.

A la italiana

La comuna de Breccia, Italia, cursó una invitación al CI y a Presidencia para que envíen representantes a esa ciudad, con el fin de dar a conocer la experiencia de una empresa mixta público-privada que se encarga del tratamiento final de los residuos y su transformación en energía.

Ayer se resolvió que la delegación, que partirá el próximo 8 de febrero, estará integrada por los intendentes Ana Olivera (Montevideo), Marcos Carámbula (Canelones), Marne Osorio (Rivera) y Carlos Enciso (Florida). También viajarán representes de UTE y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La expectativa es entablar algún tipo de acuerdo con las intendencias uruguayas.

Basado en un informe de situación de la Intendencia de Salto y sobre el cual se trabajó ayer en el CI, García indicó que el “exceso fiscal” puede generarse por “razones operativas” del sistema informático o por el reajuste de las franjas. La decisión tomada por los intendentes contempla también que se conserven las bonificaciones del Sucive en todos estos casos a partir de la notificación a los contribuyentes de las rectificaciones realizadas por la comisión de trabajo.

García señaló que “no se puede manejar el criterio del Estado de que el contribuyente pague y luego reclame”, y dijo que esta decisión le otorga “más garantías”. Este mecanismo fue el que propuso como solución el intendente de Colonia, Walter Zimmer (Partido Nacional). En las últimas horas convocó a una conferencia de prensa en su departamento en la que anunció que plantearía retrasar seis meses la aplicación plena del Sucive. Las inequidades denunciadas, según una evaluación preliminar, son poco más de 800 en 63.000 contribuyentes de Colonia.

Zimmer apuntó a que el Sucive “surge de una suma de 19 sistemas de cobros distintos que se revuelve y de la que sale un producto nuevo con imperfecciones, problemas e inequidades”. Su solución no tuvo andamiaje y dijo que “no está conforme” con la resolución del CI, pero que la “acompaña” porque quiere “respeto por el contribuyente” y tiene “toda la voluntad de corregir” esas imperfecciones. La comisión tiene previsto expedirse “a la brevedad” y el lunes tendrá su primera reunión. La próxima reunión del CI quedó fijada para el 2 de febrero.