Los datos preliminares del censo 2011 arrojaron que 18,3% del total de viviendas de todo el país están desocupadas. Montevideo es el que tiene menor cantidad de viviendas en esas condiciones, mientras que en el resto de los departamentos la cifra oscila entre el 21,7% de fincas deshabitadas en Lavalleja y el 47% y 43,5% en Maldonado y Rocha, respectivamente. No obstante, estos valores se atribuyen a la cantidad significativa de viviendas de uso temporal por tratarse de zonas balnearias.
Ya en 2009, la Defensoría del Vecino había presentado en el III Informe Anual un estado de situación de 20 fincas abandonadas por sus propietarios y ocupadas por otras personas en Montevideo. En octubre de ese año comenzó una experiencia piloto con la intervención del predio ubicado en Bulevar Artigas y Maldonado (ex COMAEC) y que culminó con una de las etapas, a fines de 2011, con la demolición total. En este contexto comenzó a funcionar una comisión interinstitucional donde empezó a elaborarse un proyecto de ley que le dé marco normativo a este tipo de procedimientos.
El diputado frenteamplista que participó en ese ámbito, Alfredo Asti (Asamblea Uruguay), presentó el mes pasado un borrador de la iniciativa en la bancada oficialista y, según adelantó a la diaria, este año se presentará formalmente al Parlamento para que se inicie su tratamiento en la comisión correspondiente. Antes, añadió, se le incorporarán las sugerencias de carácter técnico que llegarán de la Asociación de Escribanos y del Colegio de Abogados.
En líneas generales, la iniciativa apunta a que el Poder Ejecutivo pueda solicitarle a la Justicia que declare "abandonadas" las fincas cuyos propietarios no ejerzan sobre ellas sus derechos y obligaciones. Esto tendría alcance en todo el territorio nacional y uno de los puntos que aún están en discusión es la posibilidad de que se incluyan los inmuebles rurales, dado que en estos casos el abandono tiene características específicas.
En concreto, este proyecto busca que se cumpla con la Ley de Ordenamiento Territorial (18.308) y la de Medio Ambiente (16.466). Estas normas establecen, entre otras cosas, que los propietarios de inmuebles deben mantenerlos "en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público" y que deben vigilarlos y protegerlos "frente a intrusiones de terceros". Los bienes expropiados podrían ser destinados a MEVIR, al Instituto Nacional de Colonización y a construcciones comerciales, pero la prioridad, destacó Asti, es la vivienda.
Situaciones
Desde la oposición, los diputados Martha Montaner (Partido Colorado) y Mario Silvera (Partido Nacional), ambos integrantes de la comisión de Vivienda, entienden que la situación en torno a las viviendas desocupadas y reocupadas en algunos casos es un tema que debe atenderse pero no sin antes tener un diagnóstico detallado. Montaner señaló en diálogo con la diaria que primero debe haber una “recategorización” que indique, por ejemplo, por qué están desocupadas o dónde están ubicadas para luego pensar en legislación y políticas públicas.
“El PC siempre ha dado apoyo al gobierno en esto. Lo que falta es gestión en el Ministerio de Vivienda [Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, MVOTMA]”, apuntó la diputada. En el mismo sentido, Silvera enumeró que el PN votó el Plan Juntos, el proyecto de vivienda de interés social y las conexiones a saneamiento. “La oposición no pone palos en la rueda, falta operatividad en el MVOTMA e instrumentos le hemos dado”, resumió. El nacionalista aseguró que el abandono de viviendas “sin lugar a dudas es un tema que tiene que estar en discusión ya”, pero que el Ejecutivo no ha aportado información concreta de estas fincas.
“No tenemos una policía de vivienda”, acotó una fuente ministerial. “No tenemos el control de esa información, eso lo tiene cada intendencia”, señaló. Las fuentes admitieron que el mapeo es principalmente de las fincas ocupadas de Montevideo y que se está tratando de “cruzar información” con las alcaldías y las intendencias. En todo caso, entienden que el censo arrojará luz sobre esta situación y que es necesario hacer ajustes a la situación actual para poder abordar las distintas situaciones “de la mejor manera”.
“Estamos de acuerdo en que no se puede generalizar soluciones, pero para desocupar una vivienda hay que tener en claro qué sucederá con los ocupantes. Nuestro objetivo, además, siempre va a ser que esa vivienda se vuelque al mercado, es decir, que pueda ser habitable”, señalaron. Según se desprende del formulario del censo de viviendas, la desagregación de datos podrá determinar si la vivienda desocupada es de uso temporal; para alquiler o venta; si está en construcción o reparación; si está en estado ruinoso, destruido o inhabitable; o si está vacante.