La Unión de Sindicatos Policiales (USP) resolvió ayer en una asamblea realizar mañana un corte de ruta sobre el peaje Pando. "Vamos a dar información a los turistas sobre las reivindicaciones que estamos haciendo", informó el dirigente Jorge Molina.
Según explicó, los policías habían firmado un convenio con los ministerios de Trabajo e Interior (MI) y el PIT-CNT, en el que se establecía que cuando alguno de los funcionarios recibía sanciones pecuniarias no debía ir a trabajar, y ahora se los está obligando a asistir a trabajar igual. "No sólo les descuentan, sino que además deben ir a trabajar sin que reciban ninguna remuneración; ya no están suspendidos como cualquier trabajador", explicó Molina. "Se lo planteamos al director de Trabajo, Luis Romero, y él dijo que el MI debía respetar los convenios colectivos", agregó. Consultado al respecto, Romero dijo que "la Policía tiene un convenio firmado y deben respetarlo las partes", aunque no recordó los detalles de este caso. "Supongo que si los sindicatos consideran que tienen razón, utilizarán la evidencia del convenio", comentó.
También protestan que se había acordado formar un grupo multidisciplinario, que funcionaría en el entorno del Hospital Policial, para evaluar y estudiar la elevada tasa de suicidios de los funcionarios policiales en los departamentos de Canelones y Tacuarembó. "Ya hace un mes y medio de esto, se dijo que se iba a hacer un balance y no hemos tenido ninguna respuesta. Lo único que hace el MI es ningunearnos y tirarnos siempre para adelante", aseguró Molina.
Todos tenemos un plan
La reestructura policial incluye una división territorial de las comisarías en cuatro divisiones y una reorganización del área de investigaciones. A su vez, se prevé incorporar 700 efectivos policiales más al patrullaje, de los cuales 500 provendrán de vacantes y otros 200 se ocuparán mediante personal redistribuido. Además, se conformará el Centro de Comando Unificado para potenciar el sistema de comunicaciones de la policía. Según Romero, la reestructura de la Policía fue el detonante de las medidas de los sindicatos policiales: "La situación de los reclamos de estos sindicatos venía sin mucho ruido, pero ahora todo salta por la reestructura del Ministerio del Interior, lo que hace que se empiece a airear todos los demás temas que quedaron sin resolver".
Si bien las medidas comenzarán con el corte de la ruta, el dirigente sindical explicó que se implementará una escalada de medidas, y no descartó que en un futuro se "ocupen dependencias del ministerio, como comisarías", e incluso la propia sede de la cartera.
No me toquen lo que había
Otro de los puntos por los que protesta la USP es la reestructura que a partir de este año llevará adelante la Jefatura de Policía de Montevideo y que se iniciará formalmente este viernes, diviendo a la capital territorialmente en cuatro zonas. Molina se refirió a una nota publicada ayer por El País en la cual se consignaba que dos de los tres jueces penales que estuvieron de turno la semana pasada se vieron sobrecargados de tareas. En la misma línea, el sindicalista dijo que en la implementación de este nuevo régimen “al sindicato ni siquiera lo consultaron ni lo pusieron en conocimiento”.
“Esto va a ser perjudicial para el sistema y va a desfavorecer a un montón de compañeros en diferentes situaciones”, sostuvo Molina, que recordó una instancia similar, cuando “hubo un plan piloto para el que el ministro de aquel entonces, Guillermo Stirling, llegó a obtener dinero en el extranjero”. “Ese plan no tuvo andamiento, no entiendo por qué hoy se está tratando de hacer de nuevo”, comentó. El plan de Stirling había sido aplicado durante el gobierno de Jorge Batlle a partir del año 2000 y dividía a la ciudad en siete distritos.
En tanto, el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, dijo que oficialmente no recibió ninguna comunicación de la USP, pero entendió que en caso de haber cuestionamientos hacia la reestructura “no es el jefe de Policía el que tiene que opinar”. Sí defendió el plan, asegurando que “fue producto de un largo estudio estratégico, que se viene delineando y entrenando desde hace dos años”. Respecto de las comparaciones con las políticas implementadas por Stirling, Fernández espetó: “No sé si la calificación profesional de las personas que evaluaron así esta reforma será la adecuada”.
En tanto, el vocero de la Policía de Montevideo, José Rondán, defendió el plan alegando que es necesario modificar “estructuras de la actual Policía que están perimidas en una sociedad cambiante” e incluso reconoció: “Si llegamos a evaluar que el sistema no funciona y hay que dar marcha atrás, lo vamos a hacer”.
Mientras que desde la policía de Montevideo se defendía el plan, fuentes del MI aseguraron que su cartera no va a permitir que se ocupen sus dependencias ni que se realicen cortes de rutas.