La ley aprobada ayer busca completar el capítulo que el ex presidente Tabaré Vázquez vetó de la ley 18.426 de Salud Sexual y Reproductiva, de 2008. Cuatro años después, hay caminos allanados. Entre ellos, la conformación de los servicios de salud sexual y reproductiva, instalados a partir de setiembre de 2010. Leticia Rieppi, responsable del Área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública (MSP), dijo en diálogo con la diaria que los servicios, integrados por equipos interdisciplinarios, están en todo el país, salvo en Artigas y Durazno, donde se están implementando.

La ley dispone que dentro de las 12 semanas de gestación la mujer que decida no continuar con el embarazo “deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS]”. Rieppi aclaró que los hospitales Militar, Policial y de Clínicas quedarían fuera porque no forman parte del SNIS, por eso se intentará que las usuarias de esos centros ingresen al sistema por ASSE.

Luego de la promulgación, el MSP deberá reglamentar la norma. La intención es debatir la reglamentación dentro del organismo junto con organizaciones científicas y ONG, pero en un período “corto”. Rieppi indicó que la Organización Mundial de la Salud plantea tres métodos a los que recurrir: misoprostol; misoprostol más mifepristona (otro fármaco que aún no está en Uruguay) o la aspiración endouterina. La opción por uno u otro depende de la situación clínica. El procedimiento será “una prestación más” de los servicios de salud y el costo será asumido por las instituciones; las usuarias sólo pagarán un ticket.

En 2004, considerando que Uruguay ocupaba “uno de los primeros lugares en mortalidad materna por complicaciones derivadas del aborto provocado en condiciones de riesgo”, el MSP aprobó las “Medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo”. Esa normativa fue presentada por la Sociedad de Ginecotología, el Sindicato Médico y la Facultad de Medicina, por impulso de una sociedad civil integrada por médicos, obstetras-parteras, licenciados en trabajo social, en psicología y educadores sociales, llamada Iniciativas Sanitarias (IS). Consiste en el asesoramiento pre y posaborto e incluye tres consultas: la inicial, en la que se ordena una ecografía y análisis de sangre y se abordan aspectos psicosociales; en la segunda, la mujer lleva los estudios y la tercera incluye el asesoramiento y/o suministro de métodos anticonceptivos seguros.

IS recibió varios reconocimientos internacionales. Responden al éxito en la reducción en la mortalidad materna por abortos, pero tiene otros méritos: “Incluimos a la mujer dentro del sistema de salud haciéndonos cargo de esto como un problema de salud y dándole a la mujer el derecho a decidir, respetando su decisión en un ámbito de confidencialidad”, dijo a la diaria Ana Labandera, partera y directora de IS.

La edad promedio de quienes consultan es de 27 años; la mayoría están o han estado en pareja y el porcentaje de mujeres que ya han tenido un aborto “es bajísimo”. Luego del asesoramiento, 54% de las mujeres decide interrumpir el embarazo y 23% resuelve continuar
lo. El 57% había usado métodos anticonceptivos, pero habían fallado. Labandera opinó que “si bien esta ley es perfectible, es un paso muy importante” y valoró que con la instalación de los servicios de salud sexual y reproductiva “tenemos la infraestructura suficiente para dar andamiaje pronto a esta ley”.