Ayer se lanzaron dos iniciativas que buscan derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el Senado. Una de ellas es la Comisión Nacional pro Derogación de la Ley de Aborto, impulsada por el edil blanco Carlos Iafigliola, que convocó a “todos los ciudadanos que defienden la vida” a buscar distintas vías para “derogar la ley de aborto recién aprobada”. La comisión le solicitó al presidente José Mujica que vete la norma y “actúe en consecuencia” con su discurso para rescatar el valor de la vida.

Si el presidente no veta la ley 
-como ya ha trascendido-, la organización considerará otras opciones, como la realización de un referéndum o la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, aunque ninguna de estas medidas está definida. Participaron en el lanzamiento y enviaron adhesiones legisladores blancos y colorados, representantes de la Iglesia Católica y de organizaciones provida.

En otro acto, el diputado blanco Pablo Abdala lanzó su campaña de plebiscito para derogar la ley, como lo había anunciado antes de su sanción. La presidenta del Frente Amplio (FA), Mónica Xavier, dijo a la diaria que está dispuesta a firmar para que se realice el plebiscito, aunque no cree que su partido acompañe la propuesta orgánicamente.

La mutualista Círculo Católico, en tanto, ya había manifestado que no practicaría abortos. Ayer, el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo, dijo a radio Sarandí que la institución habría obligado a sus ginecólogos a firmar la objeción de conciencia que cada profesional debe firmar para excusarse de la realización de un aborto. La versión fue desmentida por la mutualista, aunque ésta reclamó que sus planteos se vean contemplados cuando se reglamente la implementación.

Otra mutualista que planteó reparos fue el Hospital Evangélico. Su gerente general, Luis González Machado, dijo a la diaria que la institución planteó en el Parlamento que la objeción fuera “de ideario” y no “de conciencia”, para que no quedara en el terreno de lo personal y se habiliten posturas institucionales al respecto.

González Machado adelantó que en los próximos días tendrán reuniones técnicas para evaluar qué postura tomará la mutualista para evitar que sea “obligada” a practicar abortos.

La representante de los usuarios en la Junasa, Lilián Rodríguez, respondió que ambas instituciones “tendrán que cumplir con la ley”. Una alternativa es que la práctica de abortos sea tercerizada, tal como algunas instituciones hicieron con la aplicación de varios métodos anticonceptivos, también por motivos religiosos. Rodríguez adelantó que en 45 días la ley va a estar reglamentada y pronta para su implementación, 
momento que también habrá que seguir de cerca, según dijo.