El doctor Federico Álvarez Petraglia y el periodista Rodolfo Porley presentaron ayer una denuncia ante el Juzgado Penal de 19º Turno por la “violación de una orden judicial” por parte del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, quien prohibió que se tomaran fotografías durante el reconocimiento del centro de detención de la dictadura 300 Carlos -conocido también como Infierno Grande-, que funcionaba dentro del Servicio de Material y Armamento del Ejército. Porley presentó en octubre de 2011 una denuncia por violaciones a los derechos humanos patrocinada por Álvarez Petraglia que involucra a este centro de torturas.
En el marco de esa denuncia, el 27 de setiembre la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, dispuso una inspección ocular en esa unidad y en el Batallón de Infantería Blindado, ubicados en Instrucciones y Casavalle, con el objetivo de “ubicar en los predios” las instalaciones del 300 Carlos, se explica en el escrito presentado ayer. Se agrega que Mota pidió que se documentaran las pruebas con fotografías y croquis, para lo que concurrió personal de Policía Técnica. Además participaron la fiscal de 5º Turno, Ana María Tellechea, Petraglia, Porley y seis ex presos políticos que estuvieron detenidos en el lugar: Martha Valentini, Beatriz Weisman, Mario Ítalo Moreni, Albert Moreira, Dari Mendiondo y Clarel de los Santos, que fueron citados por la Justicia en calidad de testigos.
Petraglia y Porley expresan en la denuncia que se sorprendieron cuando intentaron ingresar a la unidad militar: la jueza “fue recibida por el coronel Raúl Lozano”, quien “le manifestó que habiéndose comunicado previamente con el general Nelson Pintos, éste le transmitió una orden del ministro de Defensa por la cual se disponía “que en dicho predio no se sacaban fotos”. La razón de la negativa “sería la supuesta existencia en el lugar de material sensible”. La jueza “reiteró in voce su orden”, acto que fue registrado por la actuaria presente.
El escrito agrega que se tuvo que realizar la inspección del lugar sin sacar fotografías y que una vez en el galpón donde funcionó el 300 Carlos “quedó en evidencia la sinrazón de la orden” del ministro de Defensa, “ya que lo único que se pudo observar fueron maquinas viejas, restos de metales, alguna madera, etc.”.
Ante estas circunstancias, “las conductas desplegadas” por los militares y el ministro “son claramente violatorias de una orden judicial”. La denuncia destaca que la negativa a permitir la documentación de un sitio donde se torturó durante la última dictadura “implica una flagrante violación” a la separación de poderes y también “a lo dispuesto en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en el caso Gelman vs Uruguay, en la que se “ordena a todas las reparticiones del Estado uruguayo no obstaculizar en forma alguna el progreso de las causas como la que motivó esta inspección”. Finalmente, se solicita como prueba testimonial que se cite a declarar al coronel Raúl Lozano, al general Nelson Pintos, al ministro Fernández Huidobro, a la jueza Mota y a la actuaria Mabel Machado.