El Poder Ejecutivo envió el miércoles 3 al Parlamento el proyecto de “Ley de faltas y de cuidado, conservación y preservación de los espacios públicos”, elaborado en el marco de la “Estrategia por la Vida y la Convivencia” que promueve el gobierno.

El proyecto busca recuperar los “parámetros mínimos de convivencia y desarrollo de la ciudadanía” y a su vez establece un “régimen punitivo” que “permitirá generarle al imputado parámetros de convivencia, a través del trabajo comunitario”. “Nuestra sociedad hoy está viviendo una crisis de valores”, asegura la exposición de motivos, que advierte que “el individualismo y el consumismo desmedido, así como la falta de compromiso con el entorno y de solidaridad con el prójimo, han sido factores determinantes en la desfragmentación [sic] de la sociedad”.

Para prácticamente todas las faltas tipificadas se aplican penas que implican de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario. También se establece que estas sanciones deberán estar relacionadas con la pena que se cometió. La jornada de trabajo comunitario será obligatoria y supondrá labores de dos horas por día. En caso de que la persona se negase a realizarlo, el proyecto establece que por cada día que haya sido condenada a cumplir trabajos comunitarios deberá cumplir dos días de prisión.

Las tareas estipuladas como faltas, y por tanto pasibles de sanción, incluyen la “provocación o participación de desorden en un espectáculo público”, la “falta de respeto a la autoridad”, “desobediencia pasiva” y “omisión de asistencia a la autoridad”. También abarca la venta de entradas para un espectáculo público sin autorización del organizador y a las personas que tengan un estado “de grave alteración psíquica y/o física producida por el alcohol o estupefacientes” y que por dicha situación “provocare en otros dicho estado”.

Hay una referencia a cuidacoches y limpiavidrios, cuando se dispone la sanción para quien “se acercase a vehículos estacionados, detenidos o en movimiento con el solo fin de ofrecer limpieza de vidrios, venta de artículos varios, petición de dinero o recabarlo por concepto de vigilancia callejera de éstos y no contando con la autorización municipal correspondiente”. Además, se penaliza a quienes soliciten dinero, “representando actitudes coactivas o de acoso” o a quien “tuviere o facilitare” juegos de azar en espacios públicos.

El proyecto además sanciona a quienes tiren basura en la vía pública, a quienes disparen armas de fuego en sitios poblados o públicos, a quienes conduzcan sin la licencia correspondiente, en “grave estado de embriaguez” (más de 1,2 gramos de alcohol en sangre) y a quienes participen en picadas. En estos dos últimos casos se dispondrá de forma “preceptiva” el “decomiso del vehículo motorizado, independientemente de quién fue su propietario” y lo recaudado por su venta se destinará a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). Concretamente, según dijo el director de la Unasev, Gerardo Barrios, esos fondos irán a parar al Fondo Nacional de Seguridad Vial.

El proyecto también sanciona defecar, orinar y pernoctar en los espacios públicos. En estos últimos casos la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social para que “se le ofrezca una alternativa a su situación y se dé cuenta al juez pertinente”.

Desde la oposición el diputado del Partido Nacional Gustavo Borsari adelantó que, sin haber visto el proyecto, su partido estará a favor “si se establecen algunas reglas para sancionar las faltas de ciudadanos que transgredan determinadas normas”. Dijo que la legislación de este tema es “imprescindible” ya que es el “primer dique para la contención del delito”.

En cambio, los legisladores frenteamplistas de la Cámara de Representantes -en la que comenzará a ser estudiado el proyecto- evitaron expresarse sobre el texto. Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) adelantó que su sector llevará “algunos planteos de consideración” a la bancada de su partido, pero prefirió no adelantarse, en tanto que otros diputados dijeron no tener claro qué tipo de jueces son los que actuarán en el proyecto. Este punto también fue mencionado por Borsari, que recordó que es importante saber dónde se analizarán estas causas: especificó que los penales están demasiado atareados, por lo que es partidario de “volver a los juzgados de faltas”.

Según explicó el vocero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Raúl Oxandabarat, “hasta tanto no exista una ley que establezca específicamente quiénes tendrán esta competencia, regirá lo establecido por la Corte, que es que esa competencia la tendrán los jueces en materia penal”.

Según indicaron fuentes del Ministerio del Interior, en la Rendición de Cuentas se destinaron 4.200.000 pesos de esa cartera al Poder Judicial para la creación de los juzgados de faltas. En total se crearán dos juzgados, con un juez y un actuario cada uno.