La “desobediencia pasiva” a la autoridad e incluso la “omisión de asistencia” a ésta, “acercarse a vehículos estacionados, detenidos o en movimiento con el solo fin de ofrecer limpieza de vidrios” o recabar dinero por cuidar vehículos sin autorización municipal deben ser considerados faltas, según el proyecto de ley que el Ejecutivo envió la semana pasada al Parlamento. El texto restituye los juzgados de faltas, que están vigentes pero cayeron en desuso. La Rendición de Cuentas habilitó fondos para la creación de dos juzgados de este tipo.

El proyecto ingresó la semana pasada a estudio de la comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Deja vigentes algunas faltas y tipifica nuevas, como arrojar basura en espacios públicos. El castigo en ese caso será de siete a 30 días de trabajo comunitario.

El viernes 12 hubo un primer intercambio de opiniones de legisladores del FA con el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, y con el ex coordinador general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Homero Guerrero, quien desde agosto se desempeña como director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y fue uno de los redactores del proyecto.

En cuanto a la tipificación de las faltas, una de las objeciones planteadas por los legisladores oficialistas tiene que ver con la mendicidad. “El capítulo de mendicidad hay que redactarlo todo de vuelta. El que te pide plata de pesado, con violencia, no es un mendigo, no deberíamos entreverar las cartas”, advirtió el diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista). En el mismo sentido, el diputado suplente Nicolás Pereyra (CAP-L), que estuvo presente en la reunión, explicó que su sector plantea eliminar la tipificación como falta del pedido de dinero por parte de limpiavidrios y cuidacoches que no tengan autorización municipal, y mantenerla sólo para aquellos que lo hagan con violencia.

Otro punto cuestionado es la sanción a la “desobediencia pasiva” a la autoridad. La CAP-L propone suprimir esta falta. “Entendemos que el cuerpo policial es el que tenemos, y que esto se puede prestar para muchos tipos de abuso”, explicó Pereyra.

También se discute la sanción prevista para aquellos que hagan “picadas” o conduzcan en “grave estado de embriaguez” (más de 1,2 gramos de alcohol en la sangre). En estos casos está previsto el decomiso del vehículo independientemente de quién sea su propietario. Algunos legisladores oficialistas hicieron notar que si el vehículo no es de quien comete la falta, se estaría afectando el derecho de propiedad del titular del vehículo, y se propuso a las autoridades estudiar este punto, explicó Bayardi. Ayer El País publicó opiniones de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak y Ricardo Pérez Manrique, quienes también objetaron este punto del articulado.

De fondo y de forma

El Partido Socialista analizará el proyecto hoy en la bancada. Dentro del sector hay legisladores que tienen una oposición de fondo al proyecto, ya que lo evalúan como un “retroceso” desde el punto de vista ideológico y entienden que sustenta una visión criminológica que no comparten. De todos modos, no hay una posición unánime. El secretario general del sector, Yerú Pardiñas, consideró necesario “reincorporar” la tipificación de las faltas, ya que de este modo se habilita una “instancia de educación social”, por ejemplo, en materia de cuidado de los espacios públicos. De todos modos, apuntó que deberá definirse “cuáles son las mejores figuras” para no “pasarse de rosca” en las penalizaciones. Advirtió que la tipificación de las faltas “tiene que ser concreta para evitar la arbitrariedad y que cualquier gesto se pueda interpretar como una falta”. “A veces el accionar ciudadano no gusta, pero eso no tiene por qué ser considerado una falta”, señaló.

Abiertos

El Ejecutivo recibió las propuestas y está trabajando para incorporar algunas de las sugerencias, dijo Homero Guerrero a la diaria. Por ejemplo, hay disposición de eliminar el término “mendicidad” y tipificar la falta sólo para aquellos que pidan dinero con violencia. En el caso de la “desobediencia” a la autoridad, se aclarará en la redacción que sólo se aplica en aquellos casos en que la orden sea “legítima”, apuntó Guerrero.

En cambio, las autoridades no tienen previsto modificar la parte del articulado referente al decomiso de los vehículos en caso de “picadas” o “grave estado de embriaguez”. “Creemos que es lo que realmente evita que se siga haciendo este tipo de cosas”, fundamentó Guerrero. En caso de que el auto sea robado, el propietario sólo tiene que demostrarlo, apuntó.