Reestructura
Olesker evaluó que se cumplieron los objetivos planteados por la reestructura del Mides: que los programas tuvieran una sola dirección, que hubiera una única conducción por territorio y que se presupuestaran funcionarios. “Tenemos buena parte del Mides presupuestado y no en ONG como estaba cuando nosotros llegamos”, destacó. Otro objetivo era fortalecer la Dirección General de Secretaría. Según informó El País, la directora general de secretaría, Graciela Mazzuchi, renunció por diferencias con la reestructura. “En su carta de renuncia dice que no comparte el rol que le asignamos a la dirección, y yo creo que la reestructura reafirma y potencia, en número de personas, en recursos económicos y en funciones, el rol de la dirección”, afirmó Olesker. El País informó que el lugar de Mazzuchi lo asumirá Alicia Díaz, una funcionaria de carrera del Ministerio de Salud Pública y persona de confianza de Olesker.
El gobierno anunció el viernes que elaborará un plan integral que apunta a la profundización y el rediseño de las políticas sociales, así como a la mejora en la gestión y la coordinación, para lo cual habrá recursos económicos adicionales. “Estamos hablando de cifras que no son relevantes en relación al gasto social global que hoy tiene el gobierno”, apuntó Olesker. Los ejes del plan serán la generación de habilidades laborales, la culminación de ciclos educativos y la acreditación de saberes, la vivienda y el acceso a la salud. Se trabajará en principio en cuatro zonas de Montevideo y dos de Canelones que terminarán de definirse esta semana pero que combinarán dos categorías: mayores índices de pobreza con menor presencia relativa de políticas sociales. En las próximas horas se reunirán el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, Olesker y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para empezar a definir los detalles del plan.
Olesker afirmó que lo resuelto surge a partir de un planteo que efectuó en enero, en un Consejo de Ministros en Anchorena. Allí informó que, pese a la reducción de la pobreza y de la indigencia, subsistían “dificultades fuertes” tanto en el sector de pobreza extrema (30.000 hogares) como en otro que salió de la pobreza pero que en términos laborales y educativos presenta una situación similar al de extrema pobreza (100.000 hogares). Esta constatación motivó la implementación a mediados de año de los programas Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y Cercanías. Se determinó, además, que había “un número importante de hogares que, teniendo carencias críticas que correspondían a prestaciones Mides, no tenían la tarjeta”, y eso se corrigió. Se concluyó que en esos lugares era necesaria una mayor coordinación de las políticas sociales.
En octubre, en el Consejo de Ministros posterior a los incidentes en el barrio Marconi, Olesker volvió a referirse a la necesidad de evaluar las políticas sociales, y en un gabinete se resolvió hacer un encuentro especial de los ministros -que se concretó el viernes- para tratar el tema. “Fuimos haciendo cada vez más conciencia de que había una ruptura, una fragmentación social. A pesar del arrastre natural del crecimiento económico y del que generaron las políticas sociales, hay un puente que hay segmentos que no lo pueden pasar”, señaló Olesker. El ministro afirmó que se trabajará en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. “Cualquier cosa que hagas que deje infraestructura instalada requiere que haya una organización social que esté dispuesta a seguirla”, argumentó.
Contrapartes y compañeros
El presidente José Mujica sostuvo el jueves en su audición radial que “hay que apretar en las contrapartidas exigibles mínimas” por “el respeto que merecen los recursos públicos que suda la gente”. Olesker reconoció las dificultades con el registro de las asistencias escolares para el cobro de la asignación familiar, pero remarcó que “lo que importa es el resultado”, y que hay 99,5% de asistencia escolar y siete puntos de incremento en asistencia liceal. “O sea que se está cumpliendo”, concluyó. “Donde me parece que Mujica puso el punto es en que, si vamos a potenciar algunas prestaciones sociales en algunas zonas, que ahí también se elaboren contraprestaciones, siempre con efecto educativo y no punitivo”, indicó, y recordó que más de 70% de las personas que tienen la tarjeta del Mides también trabajan.
Olesker evaluó que los proyectos de ley elaborados por el Ejecutivo en el marco del paquete de medidas por la seguridad tuvieron “buena receptividad” en la bancada oficialista. “Sobre algunos temas hubo distintos puntos de vista, pero no creo que haya una oposición entre una visión realista y una visión romántica. Desde el Ejecutivo hay una mirada de algunas necesidades que se tienen para actuar, que no siempre en el Legislativo se ven”, acotó. “La visión general es mirar la seguridad del lado de la convivencia, y lo que podría llamarse endurecimiento fue marginal a la cuestión”, evaluó. “Después, como ese documento se expresa en 15 medidas, puede haber ciertos desequilibrios en algunas, no lo niego”, apuntó, pero consideró que las diferencias son solamente “en el plano de la implementación”.