Ayer se reunieron los ministros de Economía (MEF), Fernando Lorenzo, y de Trabajo (MTSS), Eduardo Brenta, con los coordinadores del PIT-CNT, Fernando Pereira y Marcelo Abdala, para buscar una solución al diferendo entre el gobierno, trabajadores y empresarios del sector de la bebida. Estos dos últimos actores firmaron un acuerdo que establece un aumento salarial de 10,16% en el plazo de tres años y le pidieron al MTSS que convoque el Consejo de Salarios sectorial para firmar el convenio en ese ámbito.
El Poder Ejecutivo no lo acompañará porque el porcentaje acordado está por encima de las pautas inflacionarias fijadas por el Banco Central del Uruguay (BCU). A la salida de la reunión, Lorenzo afirmó que “no se acordó nada” y que se analizó el contenido del preacuerdo firmado entre la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y las dos cámaras empresariales del sector para “identificar qué aspectos deberíamos mejorar para que el convenio se adapte a los lineamientos generales del gobierno”. Lorenzo agregó que el gobierno ha planteado -en el marco de las políticas para mantener “las presiones inflacionarias bajo control”- que se utilice el indicador de la inflación esperada y, por eso, “en los convenios hemos propuesto que sea el centro de la banda de objetivos” del BCU. En las actuales circunstancias de “incertidumbre respecto del futuro es bueno que los convenios lo incorporen y que la incertidumbre esté en la propia estructura de la negociación”, agregó Lorenzo.
Luego aclaró que la propuesta del Ejecutivo “no está identificada con la realidad de ningún sector en particular”, sino que trata de contemplar “las diversas situaciones”. Agregó: “Hasta ahora venimos atravesando muchas menos dificultades que las que muchos auguraban y eso hay que preservarlo entre todos”, y reconoció que hasta ahora los demás convenios firmados han ido incorporando “la incertidumbre”, pero “en ninguno está prevista la caída del salario real”, porque “estamos preservando las conquistas y los avances ocurridos hasta el momento para que se puedan acrecentar en el futuro”, indicó.
El dirigente del PIT-CNT Fernando Pereira señaló que se trasladaron al Poder Ejecutivo las posiciones de la FOEB e indicó que se trabajó “en una fórmula para buscar una salida”. “Las partes se han acercado” tras la reunión, pero el PIT-CNT cree que el tema “se tiene que resolver en el ámbito del Consejo de Salarios” del sector, según indicó Pereira. Ahora resta saber si la FOEB “entiende la fórmula”, que consiste en “pequeñas modificaciones que alteran el convenio mínimamente a los efectos de corregir situaciones que afecten al país” y aseguró que si se aprueba el aumento seguirá siendo de “dos puntos” porcentuales.
La dirigencia del PIT-CNT informó a la FOEB sobre las conversaciones con el gobierno y comenzaron una serie de reuniones que se extendieron hasta avanzada la noche de ayer. Si se alcanza una fórmula aceptable para la FOEB, se espera que se convoque una asamblea de trabajadores.
“Herida de muerte”
Juan Castillo, ex dirigente del PIT-CNT y uno de los vicepresidentes del FA, dijo que el martes intentó introducir el tema en el equipo de conducción de la coalición, pero “no hubo tiempo” para tratarlo y aún “no hay posición como organización”. Piensa que “se podría haber evitado llegar a esta situación”, porque se sabía “cómo evolucionaba la negociación y no se puede decir que esto no era público”. Agregó que “el ámbito de negociación colectiva tiene que priorizar el acuerdo entre las partes. Esto es tripartito, pero los actores esenciales son los trabajadores y los empresarios”. Castillo dijo que no entiende que, luego de conseguido un acuerdo, desde el MEF “se interpongan claúsulas”. “Eso es una equivocación. Si hay convocatoria a los Consejos de Salarios pero si te pasás de la raya tenés que aceptar las pautas del gobierno la negociación colectiva está herida de muerte”, concluyó Castillo.
Por su parte, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) emitió una declaración que defiende “la lucha de los trabajadores por conquistar incrementos salariales” y reconoce los avances desde “la reinstalación de los Consejos de Salarios”, pero señaló que “el peso de la masa salarial en el PIB [Producto Interno Bruto] aún es inferior a la previa de la crisis” y que en el país “mantiene un nivel altísimo de concentración de la riqueza fruto del efecto combinado de la dictadura, el neoliberalismo de los 90 y la crisis de 2002”.
Por eso, para “avanzar en la redistribución de la riqueza la recuperación del salario es el elemento clave”, porque “el capital ha visto multiplicados geométricamente sus ingresos”.
Se recuerda que el V Congreso del FA de 2008 estableció que la política salarial del primer gobierno del FA “se basó en recuperar el salario perdido durante la administración Batlle” y que la política del actual período “debe tener claramente un efecto redistributivo”. Se agrega que la inflación preocupa porque “los primeros afectados son los trabajadores y jubilados que dependen de un ingreso fijo y los más pobres”, y se aclara que “el salario no es el factor determinante de la inflación”. La declaración de los comunistas puntualiza, en relación al convenio de la bebida, que si el incremento salarial acordado por FOEB y los empresarios del sector fuera trasladado a los precios, “la incidencia real sería de unos pocos céntimos”. Finalmente, el comunicado plantea una pregunta: “En los Consejos de Salarios se discute qué porción del valor agregado se llevan los empresarios y qué porción los trabajadores. ¿Por qué se debe limitar la de los trabajadores, que es claramente la menor, y mantener en los niveles más altos de la historia la de los empresarios sin tocarla?” y propone que para “atacar la inflación” se puede discutir “fijar el precio” de los productos de primera necesidad, “los precios de los alquileres y las casas”, así como “las tasas de interés de las tarjetas de crédito” y se pronuncia en apoyo de “las justas luchas de los trabajadores por defender y ampliar sus conquistas”.