A instancias del ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, y del subsecretario, Leonel Briozzo, ayer sesionó la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, creada en febrero de 2004 e integrada por instituciones gubernamentales, sociales, académicas y profesionales. Este ámbito, que funciona en la órbita del ministerio, no es convocado con regularidad ni lo fue durante la discusión parlamentaria del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); fue convocado por última vez a principios de año cuando las organizaciones denunciaron la muerte de dos mujeres como consecuencia de abortos. En este contexto, la convocatoria de ayer tuvo relevancia para los actores involucrados, principalmente de la sociedad civil, como MYSU y el PIT-CNT.
Durante la reunión, los jerarcas comunicaron a los integrantes que se conformó una comisión “interdireccional” constituida por las direcciones ministeriales que, con el asesoramiento legal del Área Salud Sexual y Reproductiva, está elaborando un borrador de la reglamentación de la ley 18.987, de IVE. Además anunciaron que será entregado a los representantes de la comisión en los próximos días. El plazo que establece la norma para su reglamentación es de 30 días desde la promulgación, con lo cual, si el Ministerio de Salud Pública (MSP) cumple, el 22 de noviembre entraría en vigencia.
Cuidar que los profesionales no tengan injerencia en la decisión de las mujeres, evitar trámites burocráticos en las instituciones de salud, reducir lo más posible las instancias de consulta teniendo en cuenta los tiempos de las trabajadoras y las actuales estructuras para “allanar” el camino hacia la implementación fueron aspectos que ayer se analizaron durante el encuentro.
“Hay una preocupación por realmente garantizar que se pueda implementar servicios funcionales”, valoró en diálogo con la diaria Lilián Abracinskas, integrante de MYSU. “Es importante que haya sanciones claras e inmediatas a las instituciones que incumplan y un canal efectivo y rápido donde denunciar irregularidades”, añadió. Todas las instituciones afiliadas al Sistema Nacional de Salud están obligadas a brindar el servicio a sus usuarias. Esto abarca incluso a aquellas que no están dentro del Fonasa, como el Hospital Policial y el Militar.
Desde la Asociación Obstétrica del Uruguay se reclama que las parteras integren el equipo interdisciplinario que asistirá a las mujeres, indicó a la diaria una de las referentes, Beatriz Giménez. Estas profesionales no están incluidas en el texto de la ley. “Sin parteras esto no se podría implementar, ya que está dentro de sus competencias. En el interior, sobre todo, son las referentes de las mujeres”, afirmó Ana Labandera, integrante de Iniciativas Sanitarias y obstetra de profesión. También subrayó la necesidad de que la reglamentación se base en los servicios ya existentes.
El método para practicar el aborto no está definido, como la mayoría de los aspectos de la reglamentación, pero de acuerdo con el encuentro de ayer se tiende al proceso con medicamentos, ya sea misoprostol o mifepristona. Este último no está disponible en Uruguay, pero el MSP está tramitando su registro. “Hay evidencias que ponderan el aborto medicamentoso como el de menor riesgo y más seguro para que la mujer no tenga que ser intervenida”, explicó Labandera. La comisión volverá a ser convocada por el MSP luego de que las organizaciones estudien el borrador.