Ayer quedó claro por qué el Observatorio de Violencia Fundapro, que responde al sector Vamos Uruguay (VU) del Partido Colorado, estimó que en 2012 se registraron 20 homicidios más (267) que los contabilizados por el gobierno (247). En una conferencia convocada en la tarde para responderle al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, Fundapro aclaró que tomó en cuenta para su análisis las muertes ocasionadas por legítima defensa o las que fueron producto del accionar policial en el ejercicio de sus funciones y amparado en sus normas.

Según el director de Fundapro, Guillermo Maciel, el gobierno incluyó hasta 2011 este tipo de asesinatos en la categoría de homicidios, pero a partir de este año los excluyó. “Cambiaron el criterio. Habrá muertos de primera o de segunda, pero muertos son”, ironizó Maciel.

También consideró “contradictoria” la decisión del Ministerio del Interior de contratar una consultora privada (FOCO Auditoría Multimedia): “Dicen que mirar la prensa no sirve para nada y luego chequean sus datos con la prensa”. Además, aseguró que el trabajo de la consultora “tiene errores” y cuestionó que, mientras ésta sólo consultó a dos periódicos, “nosotros lo hicimos con toda la prensa”.

Por su parte, ayer Bonomi dijo al programa En perspectiva de El Espectador que su cartera estudia la posibilidad de crear una institución integrada con representantes de todos los partidos, con el propósito de hacer públicas las cifras del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Esa propuesta también generó críticas coloradas: “Eso es el reconocimiento tácito de que sus datos no son confiables y que la sociedad no confía en él”, respondió el diputado de VU, Germán Cardoso, que no quiso pronunciarse sobre la idea, al no haber recibido ninguna propuesta formal al respecto.

Pero la forma de trabajar con las cifras de Fundapro no generó unanimidades en el Partido Colorado. Ayer de mañana el diputado Fernando Amado, también de VU, dijo al programa Arriba gente, de Canal 10, que lo de Bonomi fue “mala leche” con la actitud de “adjudicar intencionalidad política” a los resultados del informe, pero admitió que no estaba de acuerdo con incluir las cifras de asesinatos cometidos en legítima defensa o por la Policía en el ejercicio de sus funciones. “No estoy de acuerdo, no soy un técnico en la materia, pero creo que es un error”, opinó.

Dijo que hablará de ese punto con integrantes de Fundapro y comentó: “Cuando uno comete un error lo que tiene que hacer es corregirlo y decir que se equivocó, si es que así lo hizo”. Consultado por la posición de Amado, Cardoso consideró que sus declaraciones no reflejan cuestionamientos a lo realizado por el observatorio.

Tanto Cardoso como Maciel recordaron que no es la primera vez que Bonomi tiene “problemas con los números”, en clara referencia al alejamiento del ex director del Observatorio de Violencia y Criminalidad Rafael Paternain, a finales de 2010, cuando discrepó con el jerarca por la forma de elaborar los datos estadísticos.

A pesar de la diferencia de cifras, los colorados enfatizan que lo más importante del asunto no es la diferencia de cifras: “Lo central es que Bonomi está discutiendo sobre números y no plantea nada para solucionar el tema de fondo, que ya hay 51 homicidios arriba del año pasado, según sus cifras”.

Desmentidos metodológicos

Bonomi dijo a la diaria que el Observatorio de Violencia y Criminalidad nunca cambió la forma de medir los homicidios, desmintiendo así la tesis de Maciel. El jerarca volvió a reiterar que los parámetros del ministerio son “internacionales” y responden a los requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo y a la Organización de los Estados Americanos.

Pero, además, el propio Paternain defendió esta vez al Ministerio del Interior y desacreditó el trabajo de Fundapro. Para el sociólogo, lo que invalida el trabajo del observatorio colorado es su “fuente” de datos. “No podés construir una estadística de homicidios con información de medios escritos”, expresó.

Paternain atribuyó la diferencia entre el Ministerio del Interior y los colorados por los datos de 2011 a que las cifras, en el caso de Fundapro, eran obtenidas de los periódicos. “Una muerte que en principio parecía ser por legítima defensa puede haber terminado siendo un asesinato, si es que luego se descubrió que fue así”, graficó. En tanto, Paternain también dijo que el criterio que utilizó el Ministerio del Interior siempre ha sido contabilizar los “homicidios dolosos”. “Una muerte derivada de la legítima defensa o de la acción policial amparada por las normas nunca puede contabilizarse como un homicidio”, coincidió.