Ayer ingresó a la bancada del Frente Amplio (FA) el proyecto de ley que amplía el presentado por el Poder Ejecutivo para evitar el consumo problemático y combatir el narcotráfico, en el marco de las medidas de seguridad propuestas a mediados de este año para mejorar la convivencia social. La redacción del proyecto estuvo a cargo de Nicolás Núñez y Julio Bango (Partido Socialista) y Sebastián Sabini (Movimiento de Participación Popular), con el asesoramiento del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada.
Pacato
También ayer, en una entrevista publicada en el portal de BBC, el presidente José Mujica dijo que está luchando contra el prejuicio que genera la marihuana, porque Uruguay es un “país pacato”. “La mayoría somos viejos y de tendencia conservadora. Uno le dice a la gente ‘regularizar la marihuana’ y te empiezan a mirar, ¿no? como [si fuera] una cosa del diablo”, planteó el presidente.
Luego recordó que el cannabis tuvo que ver con el descubrimiento de América. “El cannabis se usaba para hacer las velas [y] para hacer estopa y tapar las hendijas de los barcos. Ha acompañado toda la epopeya en el Nuevo Mundo. Merece que lo tratemos con más respeto y conocerlo mucho más”, dijo. Al presidente Mujica le asusta el narcotráfico “no la droga”. “La vía represiva es una guerra perdida: se está perdiendo en todas partes”, expresó Mujica al medio británico.
Según Sabini, el proyecto que se presentó incluye el autocultivo, los clubes cannábicos y prevé la creación de una institución para la que ya hay una nomenclatura propuesta. Sabini dijo que será el Inca (Instituto Nacional de Cannabis) el organismo responsable de regular toda la cadena, desde la producción, el procesamiento, el acopio y la distribución.
Este instituto también extenderá licencias a públicos o privados para la producción pero, según aseguró Sabini, “van a quedar en manos de la política la cantidad y la calidad de esos licenciatarios”. Según el diputado oficialista, la prioridad es trabajar con la Comisión Especial de Drogas y Adicciones de la Cámara de Diputados -en la que participan todos los partidos- y llegar en ese ámbito a los mayores acuerdos posibles para que se apruebe el proyecto.
Por su parte, el diputado Nicolás Pereyra, de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad especificó en diálogo con la diaria que se trata de 37 artículos y que se establece, entre otras cosas, una regulación restrictiva del uso en los lugares públicos, como la que se hizo con el consumo de tabaco y, al igual que con ese producto, tampoco se permitirá “hacer publicidad ni marketing”. Pereyra explicó que el proyecto presentado hoy será estudiado de cara a la próxima reunión de la comisión, que será mañana.
Como un carioca
El texto del proyecto que analizará la bancada del oficialismo explicita además que se legalizará la “plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización” cuando sea “con exclusivos fines de investigación científica” o para elaborar “productos terapéuticos de utilización médica” con autorización del Ministerio de Salud Pública (MSP). Por otra parte, en los casos “de uso no psicoactivo (cáñamo)” para actividades industriales, deberá ser autorizada la producción por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
En casos de uso psicoactivo “con otros fines” deberá contarse con la autorización expresa del Inca, al igual que para las cosechas realizadas por los clubes de membresía. Estos clubes podrán tener un “máximo de 15 socios” y podrán plantar “un máximo de 90 plantas”, lo que equivale a unos 7.200 gramos anuales. El proyecto incluye expresamente el autocultivo doméstico “para consumo personal o compartido en el hogar”, pero modifica las cantidades del proyecto inicial a seis plantas y 480 gramos.
En cuanto al Inca, se establece que “llevará un registro de autocultivadores y de clubes de membresía”. El registro no tendrá costo para los usuarios y será “requisito indispensable” para poder ampararse en la ley. El instituto será financiado con la recaudación por el otorgamiento de licencias y permisos, y recibirá además un aporte anual del Estado. Estará integrado por un representante de la Secretaría Nacional de Drogas, uno del MGAP, uno del MSP y otro del Ministerio de Desarrollo Social.
Según el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, las finalidades de este nuevo instituto serán regular todas las actividades vinculadas a la producción de cannabis, fiscalizar el cumplimiento de la ley y promover acciones que sirvan para “reducir los riesgos y los daños asociados al uso problemático de cannabis”. A su vez, está previsto que funcione como órgano asesor de la Junta Nacional de Drogas en el diseño de políticas nacionales.